El juez federal Ariel Lijo ordenó el procesamiento de la ex funcionaria del INDEC Graciela Bevacqua, acusada por presuntas irregularidades en el pago de horas extras a un delegado del organismo, que era afiliado a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Según indicaron fuentes judiciales, el magistrado ordenó también el procesamiento del delegado de (ATE) y beneficiario de esos pagos, Luciano Belforte, colaborador de la ex funcionaria.
En ambos casos el procesamiento fue dictado sin el cumplimiento de prisión efectiva, aunque en el caso de Belforte, la resolución judicial dispone un embargo de sus bienes por 6.400 pesos.
Según se desprende de la causa, Bevacqua, ex responsable de la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), habría autorizado y certificado el pago de horas extraordinarias al acusado, entre noviembre de 2005 y diciembre de 2006, cuando éste se hallaba de vacaciones en Brasil sin cumplir sus tareas.
La causa fue iniciada por las autoridades de la intervención del INDEC, luego de que Bevacqua fuera desplazada de su cargo, por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en enero del 2007.
Bevacqua fue desalojada del área de la medición de precios, por negarse a un pedido de Moreno de convalidar cambios en la medición de los precios.
La ex funcionaria ahora procesada fue desplazada en diciembre de 2006 durante la gestión de Felisa Miceli al frente del Ministerio Economía, quien también enfrenta un proceso judicial por un dinero hallado en un baño de su despacho.
En enero de 2007, el INDEC es intervenido y son posteriormente desplazados también otros técnicos, como el propio Belforte, junto a otros 11 técnicos, que el sucesor de Miceli, Miguel Peirano, los ubicó en el ministerio de Economía sin un trabajo fijo.
La propia Bevacqua se desempeñó durante casi un año y medio en la biblioteca del ministerio de Economía, hasta que a principios de este año presentó su renuncia y se retiró de la función pública.
En septiembre del 2007, el personal en conflicto, respaldado por las organizaciones gremiales, iniciaron una causa judicial contra Guillermo Moreno por "coacción y amenazas" para manipular datos.
El entonces fiscal Carlos Stornelli involucró al funcionario en la adulteración del índice de precios y la difusión de "información falsa", actuación que después ratificó en otra causa el ahora renunciante el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido.
El personal técnico del organismo, nucleado en ATE, inició en el 2007, protestas por el desplazamiento de los técnicos, que todavía hoy se repiten ante la salida de los indicadores y en protesta por la credibilidad de las cifras, fuertemente cuestionadas por el sector privado.
Dejá tu comentario