La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió ayer dictamen a un proyecto de ley para prorrogar por tres años las leyes que contienen la llamada delegación legislativa, anterior a la reforma constitucional de 1994, en el Poder Ejecutivo.
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Ahora, el Congreso deberá aprobar antes del 24 de agosto la extensión de la vigencia de estas leyes, para evitar que unas dos mil normas pierdan sustento legal teniendo en cuenta que la prórroga concluye el 23 de agosto de 2006.
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que conduce Cristina Fernández de Kirchner, firmó el dictamen de manera unánime en una reunión que duró pocos minutos y en la que también se obtuvo dictamen para tratar el proyecto de ley de implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Debate
La prórroga podría ser tratada la semana próxima o la primera de agosto en el Senado y así pasar a Diputados. En todo caso, su tratamiento deberá ser antes de que pierdan vigencia unas dos mil leyes.
Bajo el sistema de legislación delegada se aprobaron hasta la reforma de 1994 algo más de dos mil normas, en un recurso que ahora está prohibido por el artículo 76 de la Constitución nacional. Desde entonces, sólo se autoriza la delegación de facultades en cuestiones relacionadas con la administración estatal y en casos de emergencia pública.
La nueva Constitución estableció en la cláusula transitoria octava que en cinco años los legisladores deberían convalidar las normas que surgieran del digesto; pero hasta ahora se sucedieron tres prórrogas (1999, 2002 y 2004) sin que se analizara la cuestión de fondo.
Esta será la cuarta prórroga que se autorizará, debido a que aún no se completó el digesto legislativo que permitirá saber el contenido de cada una de las normas en cuestión. Ese digesto en la actualidad está siendo confeccionado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y monitoreado por una Comisión de Seguimiento legislativa que encabeza la oficialista porteña Vilma Ibarra.
La delegación permitió, entre otras cosas, la creación de entes autárquicos, como correos, bancos oficiales, entes impositivos, aduaneros y educativos; así como también la legislación en materia de servicios públicos en lo que compete al Congreso.
En otro orden, la comisión le dio dictamen a un proyecto de ley de implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En 2004, el Senado le dio media sanción a la norma, pero como la Cámara de Diputados no la trató, se cayó su aprobación. El tribunal para juzgar a individuos responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra y de lesa humanidad se creó en julio de 1998 y fue ratificada por la Argentina en febrero de 2001; pero aún resta su implementación a la legislación local.
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