Provincias se preparan para mantener "autonomía chica"

Política

El kirchnerismo de la Cámara de Diputados aceptará hoy el pedido del macrismo de dar pronto despacho al proyecto de ley para derogar parcialmente la llamada «ley Cafiero» que impide la plena autonomía de la Capital Federal. Así, a fuego lento, se cocina en el Congreso la promesa que Néstor Kirchner le hizo a Mauricio Macri sobre la eliminación de las trabas legislativas para dotar a la Ciudad de Buenos Aires de una Policía propia.

Ayer, en el bloque del Frente para la Victoria atribuían el pantano que atraviesa la negociación con el PRO a la falta de precisiones técnicas que el diputado Federico Pinedo, el enviado de Macri, aportó en sus encuentros con Alberto Balestrini y ayer con Alberto Fernández. «Macri bajó una orden política de empezar a tratar el tema de la Policía pero no bajó la orden técnica. Los que están parados son ellos», razonaba ayer un estratega del kirchnerismo en la Cámara baja.

  • Compromiso

    Lo cierto es que Kirchner se comprometió ante Macri a aportar quórum y legisladores para que antes del 15 de agosto el Congreso derogue los artículos de la ley Cafiero que impiden la creación de una Policía autónoma para la Capital Federal. Sin embargo, luego de la sesión prevista para esta tarde, sólo quedarían dos sesiones más antes de que venza el plazo fijado por el Presidente. Una sería el 18 o el 25 de julio, y la otra el 1 o el 15 de agosto.

    La principal traba, más allá de las excusas del kirchnerismo, es la falta de precisiones sobre el origen de los 900 millones de pesos que costaría crear la nueva fuerza de seguridad para la Capital Federal. Mientras desde el PRO dan por sobreentendido que en la Constitución Nacional se establece que el traspaso de la Policía debe hacerse con los fondos correspondientes, en el gobierno nacional no quieren enfrentar la histórica oposición de las provincias a ceder más fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. El macrista Eugenio Burzaco aseguran que no es necesario pedir los recursos porque de otra manera se estaría violando la carta magna que establece que no se pueden transferir servicios sin presupuesto.

    Pero los diputados del interior del país se oponen a que la Nación le transfiera fondos a la Ciudad de Buenos Aires. «Sería una redistribución de ingresos al revés: les quitamos a los pobres para darles a los ricos», se quejó el diputado de Jujuy, Carlos Snopek, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Justamente el trámite burocrático-parlamentario en comisiones que debería afrontar la discusión sobre el origen de los fondos para dar a luz la nueva Policía es una de las triquiñuelas con las que cuenta el kirchnerismo para evitar que Macri se muestre triunfador en el reclamo por más seguridad. Justo en un momento político en el que tampoco le conviene a Kirchner enemistarse con las provincias a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales del 28 de octubre.

    Para empantanar el reclamo macrista, razonaban ayer fuentes kirchneristas de la Cámara baja, los proyectos presentados por el PRO podrían iniciar un largo y lento peregrinar por las Comisiones de Seguridad, la de Asuntos Municipales, la de Presupuesto y Hacienda, la de Justicia y hasta la de Asuntos Constitucionales, todas dominadas por el oficialismo. Allí las provincias serían las encargadas de entorpecer el avance del sueño macrista de dotar a la Capital de una Policía propia, con la avalancha de contratos, cargos y fondos que traería aparejado para el nuevo jefe de Gobierno electo.

    Más sencillo sería el trámite de derogación de los artículos 7, 8 y 10 de la ley Cafiero que impiden la transferencia de la Policía y la Justicia a la Ciudad de Buenos Aires. El talón de Aquiles del macrismo sigue siendo el origen de los 900 millones de pesos anuales que costaría la nueva fuerza de seguridad. Y allí radica el diálogo de sordos entre Macri y Kirchner: el alcalde da por descontado que la Nación aportará esa suma pero el gobierno sigue desentendiéndose del tema.
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