El gobierno uruguayo prohibió ayer a los sindicatos de izquierda realizar una manifestación y un cacerolazo en Punta del Este, previstos para el próximo día 24. Sin embargo, el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT-CNT) desafió anoche la postura oficial y ratificó la marcha hacia esa ciudad, buscando rodear su protesta de una mayor repercusión, por afectar a una zona turística. El gobierno de Jorge Batlle había fundamentado su determinación en la necesidad de no complicar más a los operadores turísticos, que están enfrentando una temporada particularmente difícil debido a la profundización de la crisis económica argentina.
Montevideo (de nuestra agencia) - El gobierno se enfrentó ayer con los sindicatos al no permitir que ingrese el jueves 24 de enero a Punta del Este una marcha organizada por la central sindical PIT-CNT, reclamando «un cambio en la política económica».
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El ministro del Interior, Guillermo Stirling, dijo que la decisión fue adoptada la mañana de ayer, después del acuerdo con el presidente Jorge Batlle, dado que se entendió que «no era conveniente» por los perjuicios que podría provocar, en especial a los turistas y operadores.
Los sindicatos convocaron a una concentración para hoy en la capital y a realizar un cacerolazo en horas de la noche. Las autoridades del Ministerio del Interior y dirigentes del PIT-CNT, una central sindical controlada por los sectores de izquierda, se reunieron el martes para analizar esa marcha que la gremial obrera venía organizando para el 24 de enero sobre Punta del Este. Estaba previsto, además, que otros detalles de esa movilización y las medidas de seguridad que implementarán las autoridades municipales y policiales del departamento de Maldonado quedarían definidos en reuniones con el intendente Enrique Antía y el jefe de Policía, Mario San Pedro.
La preocupación del gobierno estaba centrada en que la movilización derivara en algún incidente, en especial, como reflejo de los actos de violencia que se vienen reiterando en las movilizaciones que se realizan en la Argentina.
Stirling había adelantado el martes que se procuraba «compatibilizar por un lado, el derecho que tienen los gremios a expresarse, y por el otro, garantizar a los ciudadanos su libre actividad en los balnearios, sobre todo en uno tan particular como Punta del Este». Recordó que los ministros de Trabajo, Alvaro Alonso; y de Turismo, Alfonso Varela, ya adelantaron «las consecuencias negativas de esta marcha» y que esos comentarios debían ser tomados «como una expresión de lo que piensa el gobierno». «Esta marcha no les aporta al balneario ni al país algo positivo, pero están en su legítimo derecho de hacerla», afirmó Stirling. En Punta del Este, en tanto, autoridades, empresarios y operadores turísticos también se pronunciaron en contra de la marcha, señalando que «a los serios problemas que ya enfrenta la temporada se agrega ahora esta movilización para ahuyentar a los turistas».
Los dirigentes sindicales, por su parte, insistieron ante el gobierno en que no se derivaría a incidentes violentos, que la marcha sería «en calma» y que se dejarían de lado «las consignas políticas». El gobierno, tras evaluar por un lado los derechos de los trabajadores a expresarse y, por el otro, de los turistas al descanso y de los operadores a desarrollar su actividad sin interferencias, resolvió finalmente permitir que la marcha se realice hasta la ciudad de Maldonado, pero sin permitir el ingreso en Punta del Este. La central sindical se reunió ayer para analizar la decisión oficial y dio a conocer una declaración de repudio, en la que señalan que se «han recortado los derechos y las garantías», y que mantienen la marcha hacia Punta del Este y convocan para hoy a una movilización en la Plaza de Cagancha, en el centro de Montevideo, y a un «caceroleo» en horas de la noche.
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