Purga en Servicio Penitenciario: pasan ya a retiro a 69 oficiales

El gobierno desencadenó ayer otra purga en fuerzas de seguridad con el desplazamiento a retiro y a disponibilidad de 69 oficiales del Servicio Penitenciario Federal, el cuerpo que administra las cárceles que dependen del Ministerio de Justicia. En el último tiempo hubo multitud de denuncias no ya de atropellos sobre los detenidos, sino de oficiales que eran cómplices de reclusos que salían a robar y matar, una práctica abominable que devela el estado de indefensión de la sociedad. Muchos de los desplazamientos se encubren como retiros voluntarios y jubilaciones forzosas, pero otros irán a juicio por delitos que se les investigan. No es la última fuerza donde se esperaban cambios; faltaría ahora disciplinar la Policía Aeronáutica y a los custodios privados. Resta conocer si los cambios obedecen a una auténtica voluntad de perfeccionamiento.

El gobierno anunció ayer una nueva purga en fuerzas de seguridad al pasar a retiro a 69 miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF), entre ellos, cinco altos jefes de la institución, como son los encargados de los penales de Villa Devoto y Ezeiza. En ambos institutos penales -en el último de ellos murió después de una reyerta uno de los internos hace poco-, se concentra 25 por ciento de la población carcelaria que depende del SPF. El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Béliz, fue quien tuvo a su cargo anunciar lo que calificó de «profunda reestructuración.

La orden de jubilarse recayó tras el análisis de 150 legajos que empezaron a ser revisados hace 45 días. Se trata de agentes en edad de retiro, otros que aceptaron retiros voluntarios y otros involucrados en presuntas violaciones a los derechos de los detenidos.

Entre los agentes del SPF obligados a retirarse figuran algunos acusados ante la Justicia por delitos de homicidio o apremios ilegales, indicó el ministro ayer en rueda de prensa. Béliz y el secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios, Pablo Lanusse, revelaron que ahora los ascensos y reemplazos estarán a cargo de una junta de calificación.

De la cúpula del Servicio Penitenciario Federal sólo quedaron el jefe y el subjefe. El director de la fuerza continuará siendo el inspector general Pedro Acevedo y el subdirector, el inspector general Miguel Esteban Barroso. De los restantes seis inspectores generales -grado máximo dentro del SPF y equivalente a comisario general en la Policía-, cinco de ellos fueron desplazados.

Lanusse precisó que el gobierno está preocupado por la situación del sistema carcelario y destacó que cinco de los altos jefes desplazados eran directores de los principales institutos penitenciarios (Villa Devoto y Ezeiza), en los que controlaban 25 por ciento de la población carcelaria de todo el país. Ejemplo de algunas de estas situaciones es el de Carlos Rovira Olmedo, preso en la cárcel de Ezeiza, que resultó herido durante el ataque que derivó en la muerte del interno Carlos Sánchez Tejada, en julio pasado. Rovira Olmedo fue dado de alta y trasladado a un penal de máxima seguridad, informó Lanusse. «Es clave que este preso declare ante el juez federal Patricio Santamarina para que se sepa la verdad», dijo el funcionario sin entrar en detalles, afirmando que Rovira Olmedo fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz.

Béliz admitió que la reforma del sector es una «deuda pendiente» porque «es una problemática que en muchas ocasiones acerca el Infierno a la Tierra», dijo, usando términos eclesiales. El ministro opinó que «si no se resuelve la situación del sistema carcelario, tampoco puede revertirse la curva delictiva que desde hace años se está dando en el país».