La lista de cambios a discutir es grande. En el gobierno se cree que ante los cambios en la ley, muchas empresas se presentarán en quiebra ahora para llevar adelante el proceso con la legislación actual y no la nueva que puede favorecer menos al deudor. Para eso ya se piensa en introducir una cláusula de retroactividad que permitiría aplicar a esos casos la nueva ley de quiebras.
El otro punto a modificar es el criterio con que se valuarán los activos y acciones de la quebrada cuando el acreedor proponga compensar su crédito haciéndose cargo de toda o parte de la empresa. Hasta ahora se utiliza el criterio de valor contable y se quiere incluir un sistema de valuación de activos.
También se insistirá en dar mayor facultad al juez para la selección de propuestas de los acreedores para hacerse cargo de la empresa. Esta limitación al cram down ya había sido introducida en la actual Ley de Quiebras pero ahora se quiere incrementar el poder de decisión del juez antes de la homologación de acuerdos.
Con el mismo criterio, el Congreso quiere dar la posibilidad al deudor de equiparar la oferta del acreedor hasta último momento y por el mayor plazo posible. En la ley actual es de 180 días y en la legislación anterior se ubicaba entre 30 y 60 días.
Distinto es el caso de la suspensión de ejecuciones hipotecarias de viviendas, tema que nada tiene que ver con Quiebras pero que fue incluido originalmente en la misma ley. El proyecto enviado al Congreso establecía contabilizar la suspensión de esos juicios por 180 días corridos, lo que vencería en setiembre, pero ahora los diputados quieren estirar ese plazo hasta el 31 de diciembre, es decir, mantener la ley original que se votó no bien asumió Eduardo Duhalde.
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