El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, deberá hacer frente en estos días al pedido de un abogado para que sea apartado de todas las causas en las que se investiga la confrontación entre grupos de izquierda revolucionaria y fuerza de seguridad, militares o funcionarios del Estado, debido a la presunta vinculación que -según la presentación-tendría Duhalde con las organizaciones terroristas.
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La denuncia fue presentada por la Oficina Anticorrupción, con copia al ministro de Justicia, por el abogado José Sacheri, cuyo padre, profesor universitario y autor de diversos libros de filosofía política, fue asesinado por el ERP, en la década del 70.
El pedido fue profusamente ilustrado con fotocopias de la revista «Militancia», dirigida por Duhalde en 1973 y 1974, desde la cual «el actual secretario de Derechos Humanos aplaudía y estimulaba los actos llevados a cabo por organizaciones que imponían el terror para alcanzar el poder...».
En otro tramo de la denuncia, Sacheri relata y grafica de qué modo la publicación dirigida por Duhalde «mostró su complacencia y se burló» del secuestro de un ejecutivo norteamericano por el ERP, quien «no pudo festejar como acostumbran los ejecutivos extranjeros este 'Happy New Year'», a la vez que se ocupó de transmitir las condiciones de los guerrilleros para su liberación.
La presentación multiplica los ejemplos de frases de «Militancia» en las que se incita a la «justicia popular», a la «guerra popular para la toma del poder», a «eliminar de estas tierras a la raza de oligarcas explotadores» y hasta elogios a la organización terrorista islámica Setiembre Negro.
Sacheri menciona, incluso, el libro de memorias de Enrique Gorriarán Merlo, en el que el líder del Ejército Revolucionario del Pueblo, recientemente fallecido, menciona a Duhalde entre «los compañeros que estuvieron en Nicaragua» para formar el Movimiento Todos por la Patria, después responsable del ataque del Regimiento 3 de La Tablada.
La denuncia se presentó en la Oficina Anticorrupción porque ese órgano tiene la aplicación del Código de Etica para funcionarios y se está impugnando a Duhalde por una supuesta «falta de imparcialidad, actitud discriminatoria y utilización del cargo para venganza».
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