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De esta forma, y a través de un comunicado de prensa, el bloque de senadores nacionales de la UCR hizo referencia a la situación que atraviesa el gobernador de Entre Ríos, Sergio Montiel, a quien la Cámara de Diputados provincial aconsejó iniciar un proceso de juicio político.
"La necesidad de preservar el sistema republicano, federal y democrático es la razón que une al radicalismo con este acuerdo parlamentario implícito y lo ha llevado a postergar todas aquellas diferencias ideológicas y políticas que lo distinguen de la actual administración", señaló un comunicado firmado por Carlos Maestro.
En ese sentido, aclararon que el radicalismo apunta a mantener ese acuerdo y que se garantice a cada provincia "el goce y ejercicio de sus instituciones, incluyendo la autonomía municipal, tal como lo establecen los artículos 5, 6, 122 y 123 de la Constitución Nacional".
"Nuestra adhesión al acuerdo parlamentario implícito sólo tiene sentido si se preserva la vigencia de las instituciones, cualquier intento en la dirección contraria lo único que logrará será el debilitamiento del gobierno nacional y el riesgo cierto de pérdida de la democracia y de la libertad de los argentinos", advirtieron.
El texto fue acordado por los integrantes del bloque de senadores, incluído Raúl Alfonsín, quien, según fuentes partidarias, habría mantenido conversaciones con el gobierno nacional y amenazó con renunciar a su banca si finalmente prosperaba el juicio político a Montiel.
También, y durante esta tarde, dirigentes nacionales del radicalismo continuaron manteniendo contactos para analizar la situación de Montiel, ante la convocatoria para mañana de una sesión especial de la Cámara de Diputados provincial para tratar el dictamen de la Comisión de Juicio Político.
"Es imprescindible que se abandone definitivamente la vocación hegemónica que distintos sectores del Partido Justicialista han exhibido en varias provincias y municipios del país, donde se ha pretendido la destitución de las autoridades locales legítimas, invocando cínicamente causales de mal desempeño de la función pública", afirmaron.
Aclararon que "no se trata de defender comportamientos contrarios a la ley, ni mucho menos apañar actos de corrupción, sino que debe distinguirse claramente aquellas medidas derivadas del estado de excepcionalidad que vive la mayoría de la Nación, las provincias y los municipios, de aquellas otras que implican una violación flagrante de la ley con fines ilícitos".
Destacaron que las causales que se han invocado en el caso del gobernador de Entre Ríos como las que se formularon en enero contra el mandatario de Mendoza, Roberto Iglesias y ahora contra el de Corrientes, Ricardo Colombi "podrían ser imputadas a cualquier gobernador e intendente del país, incluso al gobierno".
Los legisladores sostuvieron que la situación actual ha llevado a las distintas administraciones a procurar soluciones transitorias que le permitieran aliviar las crisis derivadas de la falta de crédito.
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