Rechazaron el pedido de Ibarra y sigue juicio político

Con un argumento que contempló lo jurídico y lo político, Aníbal Ibarra pidió ayer la «nulidad absoluta» del juicio político en su contra por su presunta responsabilidad en la tragedia de Cromañón, planteo que fue rechazado por el tribunal. Aunque previsible, fue el primer tropiezo del frentista porque dos supuestos aliados -el kirchnerismo y el ARI- votaron en su contra. (Ver vinculada.) «Es ilegal, contrario a la Constitución y al reglamento», disparó Ibarra en el recinto de la Legislatura porteña. Las palabras del suspendido jefe de Gobierno provocaron murmullos de rechazos de los padres de las víctimas de Cromañón y el aplauso de los vecinos y militantes que lo respaldan. Como se esperaba, el planteo de Ibarra fue rechazado por la fiscalía primero y después por la Sala Juzgadora, que defendió la validez del procedimiento y desechó la tesis de «golpe institucional», denunciado por el frentista. De este modo, decidió continuar el juicio. El alcalde de la Ciudad enfrentó ayer por primera vez a la Sala Juzgadora que el 14 de marzo deberá votar por devolverlo a su cargo o destituirlo. • Escolta Ibarra pisó el recinto a las 9.30, escoltado por la totalidad de su gabinete que prolijamente se acomodó en los escaños que daban a las espaldas del suspendido mandatario. La única excepción fue Jorge Telerman. La visible ausencia del vice mostró que las diferencias políticas que separan a ambos parecen ya insalvables. No hubo banquillo de acusados. Ibarra se sentó en la misma línea y a escasos centímetros de sus acusadores, los diputados Jorge Enríquez, Jorge Sanmartino y Rubén Devoto. A su lado estaban el ex fiscal Julio Strassera y los abogados Julio Golodny y Fernando Castejón. Ibarra utilizó su experiencia como fiscal federal para dividir en dos partes el planteo de nulidad y también para contener los retos del presidente de la Sala Juzgadora, Julio Maier, quien llegó a la exasperación cuando notó que Ibarra había consumido más de una hora en defenderse. La primera parte de su defensa la encaró él mismo. Así sorprendió reclamando la resolución que abrió su juicio político y que dispuso su suspensión como jefe de Gobierno. «La principal resolución por la que se suspende a un jefe de Gobierno, la decisión institucional más importante que ha tomado esta Legislatura no está. Tráiganme una copia de esa resolución, seguramente no la encontrarán porque no existe», se desahogó el alcalde. La estrategia del frentista se dirigió entonces a cuestionar la validez de los dos dictámenes, de mayoría y minoría, que sirvieron para sustentar su momentáneo desplazamiento. «Nunca jamás pueden ponerse a resolución dos dictámenes distintos, porque es contradictorio. Aquí no se hizo lo que tenía que hacerse y eso no fue un error», afirmó Ibarra. Y agregó: «Se hizo intencionalmente, porque ninguno de los dos dictámenes iba a reunir los votos que se necesitaban». El tono de voz fue aumentando a medida que enumeraba las supuestas irregularidades que se cometieron durante el proceso de acusación. «No se puede votar cualquier cosa y que quede como una acusación. Esto es ilegal, va contra la Constitución», se quejó. Fue entonces cuando el alegato se apartó de lo jurídico para rozar lo político: «Fue como decir, quién quiere que Ibarra vaya a juicio político. Es inocente, un demócrata, pero que vaya a juicio. Esto fue lo que dijo el \'Chango\' Farías Gómez». No sería la única referencia que le dedicaría al legislador peronista que aportó el voto número 30 y que posibilitó su suspensión y la apertura del juicio político. • Otra alusión Le dedicó otro pasaje de su oratoria cuando apuntó que «no se votó cargo por cargo», sino por la figura general de «mal desempeño en sus funciones». Fue allí cuando acentuó que en ninguno de los dictámenes se reunieron los 30 votos necesarios para producir su suspensión. «Estoy suspendido por una estrategia política y por el voto de 30 legisladores que, como Farías Gómez, dijeron que vaya a juicio», destacó el regidor porteño, quien enfrenta a 16 cargos en su contra. La otra parte del argumento de Ibarra apuntó a cuestionar los intentos de desalojarlo del poder, por las políticas públicas de su gobierno. Así alegó que el proceso es nulo pues se juzgan políticas públicas de su primer mandato, que concluyó el 10 de diciembre de 2003. Aunque el incendio en la discoteca República de Cromañón se desató la noche del 30 de diciembre de 2004, la Sala Acusadora consideró en su dictamen políticas y acciones de gobierno previas al siniestro, algunas del primer mandato de Ibarra y otras de su segundo período. Pero para Ibarra «no es sólo anticonstitucional, sino también antidemocrático» tener en cuenta acciones de su primer mandato pues, a su entender, «eso es cosa juzgada» ya que fue reelecto por el voto de la ciudadanía. • Sin delitos «No estamos discutiendo delitos. Aquí no hay ninguna imputación. No se discute malversación de caudales, ni nada: se discute mal desempeño de funciones. No se puede impulsar un juicio político porque un área funciona mal», alegó el suspendido alcalde en uno de los tramos de su comparecencia, que duró unas dos horas. Además, el suspendido jefe de Gobierno atacó al líder del PRO, Mauricio Macri: «Al mandar a sus legisladores a que discutan lo que ya aprobó la sociedad en 2003 está demostrando que respeta más los reglamentos de la AFA que la Constitución de la Ciudad». La primera audiencia oral de la Sala Juzgadora había comenzado pelada porque los fiscales propusieron que la acusación fuera leída en forma abreviada, pero la defensa de Ibarra insistió para que se leyera en su totalidad. Cerca del mediodía y cuando la lectura de la imputación resultaba un tedio, la defensa de Ibarra aceptó dar por incorporadas las 350 páginas de la acusación, para poder respetar el cronograma original del proceso. Hasta ese momento, se habían leído 48 fojas de los fundamentos de la acusación por mal desempeño contra Ibarra. Los 16 cargos contra Ibarra, elaborados en dos dictámenes, se basan en tres ejes: ineficaz política de control de las actividades comerciales, mal manejo de la emergencia y omisión de medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y orden público.

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