Rechazo a la baja de mayorías para designar al Procurador

Política

La comisión de Justicia del Senado, cuyo titular es el legislador ultrakirchnerista Oscar Parrilli, continuó ayer con la discusión de dos proyectos de la oposición que el Frente de Todos usa de base para modificar la mayoría de dos tercios que necesita, en la actualidad, el cargo de procurador general. Es decir, el jefe de los fiscales.

“Tener los dos tercios en el Senado es indispensable para mantener una Procuración General robusta y cúspide de uno de los órganos extrapoder fundamentales del Estado e indispensable para el fortalecimiento del Ministerio Público”, señaló el doctor en Derecho, Pedro Sagüés.

Por su parte, el expresidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, José Heredia, dejó claro que “la remoción debe tener un consenso político amplio como para la designación”. Esto se da en medio de una fuerte puja no sólo por las eventuales intenciones del kirchnerismo para bajar la mayoría que hoy necesita el candidato a procurador y actual magistrado federal, Daniel Rafecas -se opone a la idea de disminuir aval-, sino también por la guerra del cristinismo contra el procurador interino, Eduardo Casal. En tanto, la también doctora en Derecho, Marcela Basterra, manifestó que “yendo a un sistema acusatorio, es directamente proporcional la necesidad de fortalecer la independencia del Ministerio Público Fiscal” y que, “respecto a la remoción”, es “coherente el mecanismo propuesto que requiere dos tercios de los miembros del Senado”. Una línea similar a los expositores anteriores fue la que adoptó el fiscal federal a cargo del área de Investigación y Litigación de los Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Salta y vicepresidente primero de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), Ricardo Toranzos, quien dijo que “mantener la independencia y autonomía del procurador general es lo que ha llevado a la gran mayoría de los fiscales que han participado en los debates en nuestra asociación a sostener que los dos tercios son fundamentales para su designación”. También participó la vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, Nadia Espina, que consideró que sería “atinado” modificar el modo vitalicio del cargo y activar “un plazo de seis años”.

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