En plena campaña del gobierno nacional para estrenar hoy su promocionado Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, las provincias lanzaron una andanada de críticas contra la política social del presidente Eduardo Duhalde.
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Las objeciones del interior abarcan el amplio espectro de acción de los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación y Trabajo de la Nación, y amenazan con enturbiar la relación en materia social que tratan de mantener los gobernadores con Eduardo Duhalde.
El ministro de Educación salteño Juan José Fernández fue uno de los que se lanzó al ataque. Sostuvo que «se enfrentan algunas dificultades» para atender «la demanda de los come-dores escolares» porque el gobierno nacional «incurre en todo tipo de incumplimiento». «Hace dos meses que no remiten los fondos vía programas de Desarrollo Social y, en cambio, decidieron mandar directamente una suma a quinientas escuelas, como refuerzo de lo que no giran a la totalidad de los establecimientos», precisó el funcionario.
Fernández anticipo que «si se vuelven a producir acciones unilaterales, sin consenso y al margen de la política federalista vamos a denunciar los convenios que tenemos».
En Santiago del Estero, en tanto, directores de numerosos establecimientos educativos también se quejaron ante la significativa reducción de las partidas enviadas por Nación para el sostenimiento de los comedores escolares.
Una provincia al borde de la enemistad con Nación es San Luis. El ministro de Salud, Luis Russo, anunció que a raíz de las demoras en el envío de los fondos destinados al funcionamiento del Programa Federal (PROFE), la provincia decidió suspender los servicios y prestaciones del plan que da asistencia sanitaria a los 5.600 beneficiarios de pensiones graciables nacionales.
Russo aseguró, sin embargo, que la provincia se hará cargo de los servicios del programa, brindando la atención de salud. La deuda que Nación mantiene con la provincia en este sentido es de aproximadamente 1 millón de pesos.
Russo incluso consideró que se podría tratar de una presunta malversación de fondos a nivel nacional, ya que no transfieren el dinero correctamente a San Luis. «La plata no la giran a este programa y no sé si es culpa del Ministerio de Acción Social o de Economía pero nos siguen negando audiencias y no nos dan respuestas», dijo. Por eso envió una nueva carta documento al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, haciéndolo responsable de la situación.
En Córdoba, mientras tanto, el eje del mal humor es el retraso en los envíos de planes alimentarios que, sumado a la inflación, hace que los fondos no sirvan para comprar demasiados alimentos.
Por último, en Buenos Aires, Neuquén y Mendoza -entre otras provincias- temen que se genere el enojo de los potenciales beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados cuando descubran que hoy no cobrarán todos los inscriptos.
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