El Congreso dio media sanción a un proyecto que incorpora nuevas figuras delictivas para proteger la producción agropecuaria. La iniciativa contempla penas de prisión y multas económicas para quienes ingresen ilegalmente a establecimientos rurales o provoquen daños en cultivos, ganado e infraestructura.
Sancionaron una reforma en el Código Penal para nuevas penas por vandalismo rural.
La Cámara de Diputados aprobó una reforma del Código Penal que establece sanciones específicas para los delitos de vandalismo rural, con condenas que pueden alcanzar los 10 años de prisión en los casos más graves. El proyecto busca reforzar la protección de los establecimientos agropecuarios frente a intrusiones, destrucción de instalaciones y ataques contra la producción.
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La iniciativa recibió 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención, durante una extensa sesión legislativa. El texto fue impulsado por el diputado pampeano Martín Ardohain (PRO), obtuvo dictamen a principios de octubre e incorporó modificaciones propuestas por el legislador bonaerense Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria), destinadas a precisar la redacción y endurecer determinadas penas.
La propuesta incorpora dos nuevos artículos al Código Penal argentino: el 150 bis, que penaliza el ingreso no autorizado a establecimientos rurales, y el 184 bis, que contempla sanciones más severas para quienes destruyan o inutilicen bienes vinculados con la actividad agropecuaria.
Durante el debate parlamentario, Ardohain explicó que la iniciativa no pretende reemplazar los delitos de daño o usurpación que ya contempla la legislación vigente, sino establecer una protección específica para los espacios rurales y las actividades que allí se desarrollan.
"No se protege la propiedad, porque para eso ya existen las figuras de 'usurpación' y 'daño', lo que se protege es la libertad y la intimidad, la posibilidad de sentirse tranquilo en un terreno cercado", manifestó el legislador, quien sostuvo que la reforma "viene a cubrir un vacío legal".
Uno de los principales cambios aprobados por Diputados es la incorporación del artículo 150 bis, que establece penas de un mes a un año de prisión para quienes ingresen sin autorización a un establecimiento rural o a sus dependencias territoriales. La disposición alcanza a los casos en los que una persona acceda a estos espacios “contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”.
Según el texto, esa prohibición se considerará existente cuando el predio cuente con alambrados, muros, cerramientos o señalizaciones claramente prohibitivas, que permitan identificar la restricción de acceso.
Las sanciones serán más elevadas cuando la intrusión tenga consecuencias sobre la actividad del establecimiento o genere riesgos para quienes se encuentren en el lugar.
En esos casos, la pena podrá alcanzar los dos años de prisión si el ingreso no autorizado obstaculiza el desarrollo de la producción agropecuaria o pone en peligro la vida o integridad de personas, animales o cultivos. De esta manera, el proyecto establece una figura penal específica para las intrusiones en predios rurales, diferenciándolas de otros delitos ya contemplados en el Código Penal.
El segundo eje de la reforma corresponde al artículo 184 bis, que introduce penas de dos a ocho años de prisión para quienes destruyan, deterioren o inutilicen elementos esenciales para la producción agropecuaria. Además de la condena penal, los responsables deberán afrontar multas equivalentes a entre tres y doce veces el valor del daño ocasionado.
La normativa comprende aquellas acciones que afecten “de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario”.
Entre los bienes especialmente protegidos se encuentran los silobolsas, cereales, oleaginosas, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y materias primas almacenadas, así como las instalaciones necesarias para el funcionamiento de los establecimientos.
También se incluyen silos, tolvas, corrales, alambrados, tranqueras, sistemas de riego, reservas hídricas y paneles solares, además de otras estructuras destinadas al suministro de energía y la extracción de agua.
La reforma contempla agravantes cuando el responsable del delito sea un funcionario público o una persona vinculada con la actividad agropecuaria. En esas circunstancias, la pena mínima prevista se elevará al doble.
Asimismo, la condena máxima podrá incrementarse de ocho a diez años de prisión cuando los daños sean cometidos por tres o más personas de manera coordinada, exista violencia o se produzca la pérdida total de la producción o la interrupción de su ciclo productivo.
El proyecto también contempla sanciones para quienes promuevan la comisión de estos delitos, con penas de dos a seis años de prisión por instigación y un agravamiento cuando las convocatorias se difundan mediante redes sociales o medios masivos de comunicación.
La discusión legislativa se produjo en un contexto de preocupación por los ataques contra establecimientos agropecuarios, especialmente aquellos dirigidos a los sistemas de almacenamiento de granos y a la infraestructura productiva.
Uno de los episodios más recientes ocurrió el 17 de abril de 2026, en las inmediaciones de Bahía Blanca, cuando desconocidos provocaron daños en cinco silobolsas ubicados en un predio de Productores Rurales del Sud.
El establecimiento se encuentra sobre la ruta provincial 51, a la altura del kilómetro 729,5, donde los atacantes realizaron cortes en los bolsones utilizados para almacenar cereal. Las estructuras contenían más de 1.000 toneladas de cebada forrajera, cuyo valor fue estimado en aproximadamente $300 millones.
El hecho volvió a poner en discusión las consecuencias económicas que pueden generar estos ataques, tanto por la pérdida de mercadería como por las alteraciones en las tareas de almacenamiento y comercialización.
Con la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados, el proyecto deberá continuar su tratamiento legislativo en el Senado para convertirse en ley. En caso de recibir la aprobación definitiva, el Código Penal incorporará nuevas herramientas para sancionar las intrusiones y los ataques contra la actividad rural, con penas diferenciadas según la gravedad del daño, las características del hecho y la participación de sus responsables.