El mandatario bonaerense se reunió con sectores pesqueros marplatenses, cuyo rechazo a las reformas de la "ley ómnibus" cuenta con la adhesión del jefe comunal.
Alerta en el sector pesquero.
Mientras el oficialismo construye su estrategia con la intención de sancionar la totalidad de la "ley ómnibus en el Congreso, la industria de la pesca se moviliza a partir de sus cámaras empresariales y a través de la convocatoria a distintos referentes políticos de los territorios en donde la actividad impulsa el empleo. Este miércoles, al reclamo de los gobernadores patagónicos se añadió el de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
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En ese marco, el mandatario bonaerense encabezó una actividad por fuera de su agenda oficial para reunirse con legisladores e intendentes de la zona costera de la provincia, además de referentes sindicales y empresariales del sector pesquero. “El gobierno de la provincia de Buenos Aires rechaza en absoluto el contenido de la ley. Es nefasta porque pone en riesgo el trabajo, la producción y la industria nacional pesquera”, afirmó Kicillof luego del encuentro e indicó que se han "establecido líneas de trabajo que nos permitan acompañar a un sector que hoy está en riesgo”.
En la misma línea se manifestó el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que integraba la coalición de Juntos por el Cambio: “Tengo la obligación de defender los puestos de trabajo que generan sectores tan importantes como el de la pesca y la industria naval”. Entrevistado en el portal local 0223, indicó que en el proyecto “se desconoce totalmente la realidad económica y social del interior argentino” y que una industria que "exporta cientos de millones de dólares al año y que influye en el desarrollo de otras industrias como la naval, no puede ser legislada desde el desconocimiento o a las apuradas”.
Por otro lado, el senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, recordó “la ley federal de pesca, es consecuencia de la construcción colectiva entre distintos sectores empresariales, de trabajadores y de gobiernos nacionales, provinciales y locales durante muchos años”. En sus redes sociales, el marplatense cuestionó que “no es el camino correcto eliminar la obligación del desembarco del recurso en nuestros puertos, como tampoco que sea lo mismo tener personal argentino o extranjero en nuestros buques".
La "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", conocida como Ley Ómnibus, propone entre distintos cambios derogar de la Ley Federal de Pesca la obligación a desembarcar la producción de los buques en puertos argentinos, la condición de contar con un porcentaje de tripulación argentina y los cupos de capturas anuales.
Es por eso que, luego de una convocatoria empresarial, el presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), Eduardo Boiero, subrayó que "es una bomba que va a generar una reacción impresionante”. “Es una irresponsabilidad total que genera inseguridad jurídica y va a provocar una grave crisis”, añadió.
A esa voz se le sumó la de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, que a través de un documento apuntó que la reforma “podría tener consecuencias devastadoras para la industria pesquera argentina, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos marinos, además de debilitar la soberanía económica”.
Previamente, apenas se conoció el contenido de la Ley Ómnibus, Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina emitieron un comunicado donde subrayaron que "esta situación redundará en menos exportaciones, menos divisas para Argentina y en la consecuente caída en la rentabilidad de las empresas. Nos preocupa sobremanera que se puedan tomar medidas que lleven a profundizar la crisis en un sector que genera más de 46.000 puestos de trabajo directos en más de 140 plantas procesadoras y frigoríficos autorizados a exportar en más de 1.000 buques pesqueros".
A través de un comunicado, los gobernadores de provincias patagónicas, cuyo orígenes corresponden a cinco partidos distintos (tres provincialismos, el PRO y Unión por la Patria) se expresaron directamente en contra de las reformas de la Ley Federal de Pesca y otros artículos referidos al sector, e indicaron que sus legisladores se opondrán en el Congreso. Eso implicaría el rechazo de la totalidad del bloque de Innovación Federal en Diputados, además de una serie de rechazos distribuidos por distintas bancadas: al menos 8 senadores y 16 diputados, sin contar la oposición orgánica a Javier Milei.
En el documento consideran las modificaciones "afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros". Asimismo, se refirieron su preocupación por la eliminación la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos, la competencia desigual en los cupos de captura y la supresión de la necesidad de contratar personal de nacionalidad argentina.
El grupo de gobernadores está conformado por el mandatario de Chubut, Ignacio Torres; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Neuquén, Rolando Figueroa. En el texto señalaron que la reforma "provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras" que "aunadas a la suba de retenciones, generarían un efecto destructivo sobre todo el complejo pesquero", que como consecuencia resultaría en "una menor recaudación por parte del Estado Nacional".
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