La investigación por el pago frustrado a los Greco pasaba hasta ahora por saber cómo llegó al Congreso la orden para habilitar la cancelación de la cuestionada deuda de $ 578 millones. Pero el caso, que complica a Felisa Miceli, comienza ahora a dilatarse al centrarse en responsabilidades pretéritas, que alcanzan incluso a quienes intervinieron en la firma del primer acuerdo con ese grupo en tiempos de Raúl Alfonsín. Lamentablemente, se habla así cada vez menos de las responsabilidades de los funcionarios que participaron en el caso en los últimos años, y de las de los abogados que no defendieron como debían al Estado.
La investigación por el intento de pago a los ex integrantes del mendocino grupo Greco giró desde esta semana hacia el revisionismo histórico. Mientras en el Senado la oposición sigue intentando averiguar por qué el Ministerio de Economía avanzó con un proyecto de ley para habilitar el pago con bonos a los ex integrantes del grupo, en Tribunales, curiosamente, se multiplican las investigaciones sobre todo el proceso originado en 1980, con la intervención a esas empresas.
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En la causa que lleva adelante el juez Sergio Torres, por ejemplo, ayer una ONG dedicada a la investigación y prevención de la criminalidad económica (CIPCE) presentó un informe sobre la quiebra de los Greco y su relación con el presunto vaciamiento «fraudulento» del ex Banco de Los Andes.
Torres, que investiga la denuncia presentada por el Ministerio sobre el accionar de los abogados y los funcionarios del Estado que intervinieron en la causa, recibió ese informe que, en realidad, tiende a intentar probar que el fisco no tiene deuda alguna con los Greco.
CIPCE, cuyos abogados en algunos casos están relacionados con el ARI y las investigaciones sobre lavado de dinero, le pidió a la Justicia que vincule las acreencias y deudas del ex grupo Greco con el final del ex Banco de Los Andes. Se quiere demostrar que el Estado no es deudor del grupo económico puesto que «el dinero que reclaman los empresarios del extinto grupo se originó en un acuerdo espurio firmado con el gobierno radical del ex presidente Alfonsín», dice el abogado Pedro Biscay. La tesis que sostiene ese instituto se opone a la defendida por el radicalismo, que en 1987 firmó el convenio con los Greco-Bassil (elaborado por el entonces procurador del Tesoro, Héctor Fassi) para resarcir presuntos excesos cometidos durante la intervención al grupo durante la dictadura, en 1980. Ese convenio establecía obligaciones cruzadas que en muchos casos los Greco no habrían cumplido, como, por ejemplo, haberse hecho cargo de los fondos que aportó el Estado para mantener las empresas o la compra de 50% de los créditos que tenían contra el grupo proveedores de vino en Mendoza, acto que se dispuso en medio del colapso económico que produjo en la provincia esa quiebra.
Esa historia culminó, después de dos intentos de conciliación con sendas comisiones nombradas durante los gobiernos de Alfonsín y de Carlos Menem para llegar a un acuerdo, con el juicio que iniciaron los Greco al Estado y la homologación judicial de una liquidación en la que, se denuncia, los abogados del fisco no ejercieron la defensa apropiadamente al dejar fuera del cálculo las deudas que el grupo mantenía con el Estado.
En ese trámite, los abogados de los Greco siguen insistiendo, a pesar del escándalo, en cobrar lo que la Justicia les reconoció, al punto de haber pedido un embargo contra bienes del Estado, antes que el expediente civil del juez Francisco de Asís Soto fuera requerido por el juez Torres para conocer el fondo de la cuestión.
De todas formas, más allá de la pasión histórica que ahora envuelve al caso Greco -y que dará para revolver por años en uno de los procesos más escandalosos de los últimos 30-, en el presente hay preguntas que la Justicia continúa haciéndosesobre el último tramo del frustradoproceso de pago a los Greco.
Quienes saben cómo funcionan los protocolos de la administración pública reconocen que es imposible que una orden de pago basada en una sentencia homologatoria -como es el caso de los Greco- que ordena pagar $ 587 millones al Estado no haya generado ningún requerimiento de los órganos de control. De hecho, si se busca en casos similares, como por ejemplo el pago también frenado a la empresa Meller, que derivó en juicio político a miembros de la Corte Suprema, lo normal es que este tipo de sentencias llegue por apelación al máximo tribunal y se cuente así con la opinión de sus jueces.
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