Regularán actividad de corredores inmobiliarios

Jorge Enríquez

La Legislatura porteña aprobó ayer en comisión la creación de un registro de corredores inmobiliarios que intenta evitar que la actividad no sea ejercida por personas que carecen de la experiencia y conocimientos necesarios, según los fundamentos de la norma. Eso expone a los clientes a la posibilidad de escapar de operaciones que no pueden concretarse por deficiencia en la documentación.

Actualmente no se requiere título habilitante para esa tarea, salvo la inscripción en la Inspección General de Justicia, aunque nadie controla ese registro. De aprobarse la ley, cuya sanción está prevista para las primeras sesiones de junio, se les exigirá a los corredores inmobiliarios el egreso por ejemplo de la carrera que instrumenta la Cámara Inmobiliaria Argentina como otros establecimientos públicos y privados de enseñanza de la materia.

La Ciudad de Buenos Aires es una de las pocas jurisdicciones donde la actividad no está reglamentada ni colegiada.

El proyecto,que se aprobó en la Comisión de Legislación General y del Trabajo que preside Jorge Enríquez (Unidad Republicana), autor además de la propuesta, explica que «es necesario el ordenamiento legal que posibilite la creación de una entidad que vele y ejerza el poder de policía respecto del ejercicio de la actividad profesional de corredores inmobiliarios, teniendo a su cargo, además, el gobierno de las matrículas respectivas».

Incumplimiento

Asegura que «existiendo más de 5.000 inmobiliarias en la Ciudad de Buenos Aires, muchas de ellas son atendidas por personas que no cumplen las condiciones habilitantes al efecto, al no existir un colegio que las controle, funcionan sin dar cumplimiento a la reglamentación vigente».

Así, el proyecto de ley define que corredor inmobiliario es toda persona que en forma normal, habitual y onerosa, intermediaentre la oferta y la demanda, «en negocios inmobiliarios ajenos, de administración o disposición, participando en ellos mediante la realización de hechos o actos que tienen por objeto conseguir su materialización».

Impone la norma que para ejercer la actividad, las personas deben estar habilitadas e inscriptas en la matrícula correspondiente.

La emisión de la matrícula estará a cargo del organismo público no estatal, con independencia funcional de los poderes del Estado que se creará al sancionarse la ley, pero para inscribirse se requerirá la mayoría de edad y título universitario habilitante.

Inhibidos

Por otra parte establece que los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, como los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad en actividad, no pueden ser corredores inmobiliarios. Luego de enumerar deberes y derechos que tendrán los matriculados, la norma impone que «la publicidad que realicen los corredores inmobiliarios debe ser precisa, inequívoca, evitando incluir información que pueda inducir a error a los interesados, y observar las siguientes reglas: consignar la tipología de la oferta, en forma clara sin que permita más de una interpretación; cuando se ofrezcan facilidades para el pago del precio o financiación, debe detallarse íntegramente la oferta; no ofrecer formas y condiciones de pago, o planes de financiación a cargo de terceros, que no han sido previamente acordados con éstos; no anunciar calidades que los inmuebles ofrecidos no posean, o condiciones que no sean ciertas.

Además se les prohibirá que en su nombre realicen la actividad personas no matriculadas y tomar ventas cuando los propietarios las han autorizado a otro corredor y el permiso no ha caducado.