Que la plena vigencia del Estado de Derecho y de los principios republicanos consagrados por la Constitución Nacional requieren de un funcionamiento de las distintas jurisdicciones, entidades y unidades organizativas del Sector Público Nacional basado en los principios de efectividad, equidad, participación, eficiencia, responsabilidad y transparencia.
Que dada la particular situación económica, institucional, fiscal y social de la REPUBLICA ARGENTINA en los últimos años, se ha visto deteriorado el proceso de modernización de los diseños institucionales, de los modelos organizativos, de los sistemas y procedimientos administrativos y de las tecnologías de gestión en el ámbito del Sector Público Nacional.
Que, en consecuencia, no sólo se ha deteriorado la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía sino que se ha producido un proceso de burocratización de los procedimientos administrativos y de pérdida de laeficiencia en la asignación de los recursos, originado en la falta de continuidad de las políticas de reforma administrativa.
Que ha sido particularmente significativa la demanda de la ciudadanía y de los distintos sectores económicos y sociales y ratificada en el ámbito de las deliberaciones llevadas a cabo en el marco del Diálogo Argentino promovido por los representantes de las Naciones Unidas y de la Iglesia Católica, vinculada a la necesidad de que el Estado y la Administración Pública Nacional sean reformados sobre la base de políticas de estado de mediano plazo, con consenso y continuidad y basado en los principios republicanos mencionados.
Que, en forma vinculada a dicha demanda, se requiere una mayor profesionalización de la función pública y un diseño de carrera administrativa basada en criterios de mérito.
Que constituye un objetivo del PODER EJECUTIVO NACIONAL formular y poner en ejecución un proceso de modernización y reforma del Estado y de la Administración Pública sobre la base de los principios enumerados precedentemente.
Que, en atención a la importancia del objetivo precitado, es necesaria la conformación de un Gabinete de Modernización y Reforma del Estado dedicado a la formulación de un Plan de Modernización y Reforma del Estado y de la Administración Pública, el que deberá estar integrado por la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA, la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA y la SUBSECRETARIA PARA LA REFORMA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, dependientes de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que el dictado de esta medida no implica erogación presupuestaria alguna.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto N° 977/95.
Dejá tu comentario