Retoman el debate sobre despenalización de la droga

Eugenio Zaffaroni

Con las exposiciones de representantes de organizaciones y especialistas en materia de drogadicción, continúa hoy la audiencia pública en la Cámara de Diputados en la que se debate la despenalización de la estupefacientes para consumo personal. 

En el arranque de la discusión en Diputados, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, defendió ayer el proyecto que busca despenalizar el consumo personal de drogas y consideró que la política de prohibir "no ha tenido ninguna efectividad preventiva".

En una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Prevención de Adicciones, el magistrado destacó que "hoy casi no hay condenas" en el país por consumir estupefacientes.

"El efecto (de la penalización del consumo personal) no ha tenido ninguna efectividad preventiva", resaltó Zaffaroni, en el inicio del encuentro del que finalmente no participaron la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y el titular del Sedronar, Rafael Bielsa.

Según el juez del máximo Tribunal, los esfuerzos y los recursos que se destinan actualmente a la detención y judicialización de los casos de consumo personal de drogas se podrían utilizar "en contra del narcotráfico".

De todas formas, afirmó que "si alguien piensa que se puede liberar a la Argentina del narcotráfico, no se puede".

A la vez, cuestionó que se habla de las drogas, los "tóxicos prohibidos", pero no se toma conciencia de las consecuencias de los "tóxicos permitidos", como el alcohol y los medicamentos.

"La peor toxicodependencia sin dudas es el alcohol", afirmó el magistrado ante legisladores del oficialismo y la oposición, aunque aclaró que "ningún uso o abuso" de alcohol o drogas "está bien".

Zaffaroni consideró que con la penalización del consumo se "habilita a la Policía a molestar, a extorsionar, a veces a hacer caja, a meterse en la vida personal".

El juez de la Corte Suprema le dedicó un párrafo aparte al "paco", sustancia a la que diferenció del resto de las drogas, al catalogarla como "veneno".

"Hay un tóxico que es un veneno, que es el paco. Esto es otra cosa, ha generado otro problema social. Ahí no basta con despenalizar, se necesita otra cosa", aseguró el magistrado y pidió a los legisladores que avancen con un proyecto del diputado Omar Plaini (FPV-sindicalista), que plantea medidas para que los adictos a esa sustancia "no reincidan".

A su entender, "la lucha contra el paco puede tener efecto porque es una producción artesanal, no es un cartel de droga que maneja millones".

El integrante de la Corte recibió preguntas de distintos diputados, como Federico Pinedo, Patricia Bullrcih, Ivana Bianchi y Cornelia Schmidt Liermann, quienes están en contra de la propuesta impulsada en conjunto por referentes del FpV, la UCR y el Frente Amplio Progresista (FAP).

Ante las consulta de los legisladores, Zaffaroni se expresó en contra del "proselitismo a favor del consumo", aunque advirtió: "No es proselitismo el consumo en lugares públicos".

La diputada del Frente Peronista, Natalia Gambaro, en contra del proyecto, le preguntó al juez si no se debería definir en la ley la cantidad de droga que se puede considerar como para consumo personal o para venta o si eso debe quedar "a criterio del policía" que efectúa el procedimiento.

En ese sentido, el magistrado enfatizó: "Yo no dejaría nada en manos de la Policía, eso es una cosa de jueces. Además, puede ser que una cantidad pequeña sea para distribución. En ese caso no queda otra solución que dar parte a la Justicia. Cualquier evaluación que dejamos en manos de la Policía es algo riesgoso".

Tras la exposición de Zaffaroni, hizo lo propio la fiscal Mónica Cuñarro, quien aportó datos judiciales concretos: "Este año han entrado en la Capital 1230 causas por droga, de las cuales más del 86 por ciento comprenden casos de consumo personal".

En ese marco, explicó que por cada uno de esos casos, que finalmente "terminan con una declaración de inconstitucionalidad", se gastan "5 mil dólares por mover al patrullero, los sumarios judiciales y la documentación".

Además, por ejemplo, por cada cigarrillo de marihuana que se secuestra, dijo que se gastan "15 mil dólares" más en pruebas de laboratorio.

Es decir, que por cada investigación judicial que se inicia por esta caso se gastarían unos 20 mil dólares.

Con la exposición de las autoridades judiciales inició formalmente la discusión del proyecto de consenso, que busca despenalizar el consumo personal de todo tipo de drogas.