Revisarán 24.000 contratos y 11.000 concursos en el Estado

El ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, anunció que el Gobierno revisará unas 24.000 contrataciones y cerca de 11.000 concursos de la Administración Nacional realizados entre 2013 y 2015. El funcionario también informó que serán extendidos por tres meses aquellos contratos laborales con el Estado que hayan tenido vigencia durante los últimos tres años para que en ese lapso sean analizados.

A su vez, los contratos en curso anteriores a esa fecha serán prorrogados por otro año, aunque -aclaró el ministro- también quedarán bajo estudio, con el objetivo de comprobar si las funciones del empleado se corresponden con el compromiso contraído. Ibarra puntualizó que "en el caso en que encontremos situaciones ilegitimas o que no se corresponde con una tarea específica en el Estado y que no esté trabajando, por supuesto que van a cesar automáticamente y para eso es la evaluación".

También garantizó que no habrá persecuciones ideológicas de ningún tipo "porque vamos a ser absolutamente profesionales en la evaluación que corresponde". Más aún, afirmó que "acá la ideología no cuenta lo que nosotros queremos ver es que la gente trabaje en un clima de paz y buena convivencia".

El ministro señaló que en los últimos tres años aumentó de manera excepcional el número de contrataciones y concursos, incluidas las de los ministerios y los organismos descentralizados. En materia de contratos, hemos observado - dijo - el Estado, hoy, tiene 64.000 contratos y en los últimos tres años se han incorporado alrededor de 24.000, dentro de ese número, lo que marca un crecimiento de más del 50%, respecto a la evolución de los últimos años. El promedio de contrataciones por año fue de 2056 entre 2003 y 2006, de 4711 entre 2007 y 2012, y de 7840 entre 2013 y 2015.

Las decisiones principales adoptadas por la cartera son:

• Revisar los 11.000 concursos y procesos de designación en curso - incluidos los 2.500 ya definidos -, hasta que se determine si están bien hechos y cumplen los requisitos.

• Revisar las contrataciones en la administración pública de los últimos tres años (2013 a 2015), para analizar su legalidad y ver si cumplen los requisitos. Las autoridades tendrán tres meses para decidir la rescisión o renovación de estos contratos.

• También se van a revisar algo más de 24.000 contratos, alrededor del 37% de los contratos anuales en relación de dependencia que existen actualmente en la administración nacional.

• A las personas contratadas desde 2013 o más tarde, y cuyo contrato vence el 31 de diciembre, se les renovará automáticamente por tres meses, hasta el 31 de marzo. A las contratadas en 2012 o antes, se les renueva el contrato por un año, hasta diciembre de 2016. Todo esto con las excepciones que requiera cada autoridad competente según sus necesidades.

El análisis tanto de los contratos como de los concursos es objeto de un decreto que - saldrá en las próximas horas- y será realizado por cada ministerio. Al respecto, Ibarra afirmó que "Seremos profesionales en las evaluaciones. Rescatamos del empleado público su enorme vocación de servicio y compromiso, y lo que nos piden, como primera necesidad, es sentirse integrados a un equipo, a los planes y verse útiles".

Consultado por ámbito.com en cuanto a si a juicio del nuevo gobierno sobran empleados públicos, el ministro respondió: "Yo diría al revés, es mucho Estado el que nos falta para cumplir las funciones que quiere cumplir el Estado , es mucho lo que hay que incorporar en servicios a la gente. Nosotros empezamos al revés, pensando en implantar lo que sea necesario para ser un Estado que dé servicio".

Ibarra señaló que los empleados de la administración nacional le expresaron su "indignación" porque habían perdido oportunidades de crecimiento por cuestiones políticas a manos de gente que cobra un sueldo pero no trabaja. Al respecto puntualizó que "Queremos ir construyendo una administración ordenada y que este tipo de situaciones no se repitan. Buscamos jerarquizar el servicio público".

El ministro destacó que, no obstante la decisión de impulsar los concursos como una herramienta para la transparencia e idoneidad, la situación encontrada amerita revisar estos procesos y comprobar si se cumplen los requisitos de "idoneidad para el cargo, que el proceso haya sido público, transparente e igualitario y que el nombramiento respete el uso racional de los recursos públicos".

También anticipó que "vamos a incorporar mucha capacitación, tecnología y esto tiene que ser acompañado con el desarrollo de la carrera del servicio público, del empleado como hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. De esta forma, el crecimiento tendrá que ver con la capacitación y con el mérito".

• Jubilaciones

Por otra parte, en medios oficiales trascendió que también sería intención de las autoridades revisar la situación del personal que está en edad de jubilarse o que ya debería haber pasado a retiro.

Un esquema de retiros voluntarios es una posibilidad que se estaría barajando en medios del Gobierno, aunque según fuentes oficiales, esta alternativa sería para una segunda etapa.

• Refugio

En 2003 el personal ocupado en el sector público (nacional, provincial y municipal) sumaba unas 2.400.000 personas, según datos del economista Orlando Ferreres. Hoy llegan a más de 4.200.000 personas, es decir que en estos doce años subió el empleo estatal en 1.800.000 personas. En la actualidad, el 27% del empleo es generado por el sector público - más de uno de cada cuatro trabajadores -.

Ante el estancamiento en la generación de puestos privados en los últimos años, el Estado se convirtió en un refugio para aquellos que no encontraban empleo. De acuerdo a los últimos datos publicados por el INDEC, en el tercer trimestre del año 2015 la tasa de desempleo alcanzó al 5,9% de la población económicamente activa para el total de aglomerados urbanos relevados por la encuesta permanente de hogares, la tasa más baja de los últimos 25 años.

Sumando la proporción de individuos en condiciones de subocupación, que llega a 8,6% de la población económicamente activa, se obtiene que el 14,5% de la población económicamente activa continúa presentando problemas de empleo.

En valores absolutos, unas 709.000 personas, en los principales 31 conglomerados urbanos relevados, están desempleadas y otras 1.040.000 de personas están subocupadas, es decir, trabajan menos de 35 horas semanales, por lo que 1,75 millones de personas tienen problemas de trabajo en el país.