Rodríguez Saá pidió audiencia a la Corte

Alberto Rodríguez Saá presentó ante la Corte Suprema una medida cautelar para reclamar la suspensión parcial de los efectos de la Resolución 125 del Ministerio de Economía que fija las retenciones móviles.

A través de su abogado y ex juez supremo, Rodolfo Barra, el gobernador puntano pidió que se adopte la medida «dejando provisionalmente en vigencia las alícuotas de derechos de exportación existentes a la fecha de su dictado». Además, reclamaron que el máximo tribunal convoque a una audiencia informativa al gobierno de San Luis, a las entidades rurales y al jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

La semana pasada, la Corte aceptó su competencia originaria -por tratarse de un diferendo entre una provincia y la Nación- en la demanda puntana contra la Nación por la alegada inconstitucionalidad de las retenciones y por las sumas que la provincia dejó de percibir en concepto de coparticipación. Pero la jueza Carmen Argibay explicó que el fallo no demorará menos de un año en ser emitido.

Depósito

En el escrito presentado el martes pasado por Barra ante la Corte, el gobierno puntano pide que «para cada operación de exportación afectada por los derechos de exportación establecidos en la Resolución 125 se ordene el depósito de la diferencia entre el porcentaje o alícuota original y el que resultaría de la aplicación de la Resolución 125/08 y sus modificatorias, en una cuenta en el Banco de la Nación Argentina».

Pero, además, Rodríguez Saá recuerda en su presentación judicial que «los fondos que la provincia debería recibir en concepto de coparticipación federal y que no recibe por obra de las inconstitucionales retenciones que se cuestionan, son indispensables para la satisfacción de necesidades públicas impostergables cuya enumeración no es necesario realizar, pero que se identifican con el servicio que el gobierno presta a la comunidad». Una referencia tácita al destino que, según Cristina de Kirchner, se dará al dinero proveniente de las retenciones.

Como el kirchnerismo rehúsa volver al diálogo con las entidades rurales, se ausentó de la reunión convocada por el ombudsman Eduardo Mondino y tampoco le concede a Rodríguez Saá una audiencia con la Presidente, el gobierno puntano reclamó en su escrito que la Corte llame a Alberto Fernández y a los jefes rurales a una reunión urgente.

Convocatorias

El gobernador de San Luis reclamó en su escrito que se «convoque al demandado Estado nacional, en la persona del señor jefe de Gabinete de la Nación, en su condición de encargado del ejercicio de la administración general del país y responsable de hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la Ley de Presupuesto Nacional, al secretario de la Cartera de Estado de Agricultura, a los directivos de las entidades representativas del agro integrantes de la autodenominada «mesa de enlace», en la persona del presidente de la Sociedad Rural Argentina (Luciano Miguens), del presidente de Coninagro (Fernando Gioino), al presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (Mario Llambías) y al presidente de la Federación Agraria Argentina (Eduardo Buzzi), a esta parte, y a quien V.E. estime corresponder, a una audiencia informativa previa».

Y fundamente su pedido asegurando que « resultaría de utilidad para ilustrar al tribunal sobre la gravedad del conflicto que atraviesa la Nación, así como para aclarar los matices confusos y contradictorios que revisten las medidas impugnadas y que tienen que ver con las sucesivas finalidades que les fueron atribuidas, pasando de regulatorias de la actividad agrícola (la tan declamada des-sojización), de seguridad y soberanía alimentaria, de redistribución del ingreso y presupuestarias, de asistencia social (construcción de hospitales). Asimismo, facilitaría el diálogo entre los involucrados en un conflicto de proporciones dantescas que, si bien en un primer momento se disparó y manifestó como sectorial, tiene ya contornos de conflicto nacional».