El Gobierno intentará definir hoy una suba del salario mínimo en un valor cercano al 30% por su impacto directo en planes sociales y el monto de los subsidios ATP, tal como adelantó este diario. Será en el arranque de las deliberaciones del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vi tal y Móvil, que reunirá por primera vez en la gestión de Alberto Fernández a los principales referentes del empresariado y el sindicalismo para actualizar el piso formal de ingresos que en la actualidad es de 16.875 pesos para un trabajador de jornada completa. De prosperar la iniciativa oficial el valor pasaría a cerca de 22 mil pesos de manera escalonada.
La discusión arrancará a las 15 y en el Ministerio de Trabajo no descartan su extensión por más de una jornada en vista de que las deliberaciones serán virtuales y demandarán la acreditación de identidad de cada uno de sus 32 integrantes (16 por el sector patronal y otros tantos por el gremial) más allá de los discursos de quienes tengan intenciones de exponer. Estarán referentes de la CGT, las dos versiones de la CTA y de las cámaras empresarias de la industria, el comercio, la construcción, el agro, los bancos, la Bolsa y las pyme. También fueron invitados líderes de movimientos sociales aunque sin posibilidad de voto.
El salario mínimo tiene incidencia primaria respecto de unos 300 mil trabajadores registrados no regidos por convenios colectivos pero su alcance es mayor: impacta de forma directa en cerca de 600 mil beneficiarios de planes sociales que cobran el “salario social complementario” (la mitad del piso formal, $8.500) y en los alrededor de 2 millones de empleados de empresas en crisis inscriptas en el programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) que cubre con subsidios la mitad de esos sueldos. En función del nivel de sueldos y de impacto de la crisis el ATP paga de base un salario mínimo y como máximo, dos. Además, históricamente fue una referencia indirecta para los trabajadores no registrados. Con una amplia distancia entre lo declamado y los borradores de trabajo de cada sector, la CGT llevará una propuesta de suba del 40 por ciento en línea con la inflación acumulada en los últimos doce meses. Sin embargo, al amparo de la reserva los dirigentes de la “mesa chica” de la central admitieron que aceptarán un veredicto del Ejecutivo menor como gesto en vista de que el mayor peso del ajuste salarial pasará por el propio Estado. Desde otros sectores sindicales hicieron saber que pedirán alinear el salario mínimo a la canasta básica, que supera los 45 mil pesos.
En los dos últimos años de la gestión de Mauricio Macri el salario mínimo acumuló el mayor desfasaje contra la evolución de la inflación. En ambos períodos totalizó una suba de 60% (25% en 2018 y 35% el año pasado) contra una escalada del costo de vida que superó el 100 por ciento. Bajo ese prisma, la pretensión del Gobierno haría perder nuevamente al salario mínimo contra la inflación interanual de los últimos doce meses y también contra las previsiones de alza de la canasta hasta fin de año.
El 30% impulsado por el Gobierno está en línea con el incremento pactado por el gremio de Camioneros en su paritaria de este año, que fue superior al de la Federación Aceitera (25%, en la actualidad sometido a una revisión), y al de la Asociación Bancaria (26 por ciento), e inferior al 37% que alcanzó el sindicato de las fábricas de neumáticos (Sutna).
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