La salud, sin reforma

Política

A veces parece haber cierta desconexión entre las iniciativas legislativas y las demandas urgentes de la sociedad. La reforma judicial -que implica más una reorganización que una reforma propiamente dicha- se perfila como uno de esos proyectos de ley que deja sin tratar puntos en verdad necesarios para todos los argentinos. A más de un chat de amigos o familiar -si no fuera por el aislamiento, de seguro alcanzaría también a la sobremesa del domingo- ha llegado la pregunta clave: ¿y a mí en qué me cambia todo esto? Parece haber consenso en que la Justicia requiere modificaciones -según una encuesta reciente de la consultora Analogías, el 77% de los encuestados afirmaron estar a favor de una mejora-: la pregunta es qué hacer para recuperar la confianza y aún más, para mejorar la vida de los ciudadanos. El menú de opciones es largo, pero los temas medulares no son tantos. La salud -más aún, en medio de una pandemia y en plena crisis sanitaria- podría ser un punto central en el contexto de una reforma judicial, sin embargo, los cambios planteados están lejos de poner el foco en este aspecto.

El proyecto original proponía la unificación del Fuero Contencioso Administrativo Federal con el Fuero Civil y Comercial Federal: es este último el que trata, entre otras materias, todo reclamo contra obras sociales y empresas de medicina prepaga. Además de amparos de salud, Civil y Comercial Federal aborda temas como conflictos por marcas, pedidos de ciudadanía o juicios contra empresas de servicios públicos; por su parte, Contencioso Administrativo Federal lleva expedientes referidos a todo cruce con la Administración Pública, entrando en esta definición también pleitos muy disímiles como ajustes por salarios de la Policía Federal hasta reclamos por contratos de Derecho Público.

La fusión de ambos fueros fue incluso criticada por los magistrados de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, quienes a través de la Acordada 1/20 del 6 de agosto de este año -firmada por los camaristas Eduardo Daniel Gottardi, Guillermo Alberto Antelo, Fernando A. Uriarte y Alfredo Silverio Gusman-, consideraron que “la unificación propuesta en el proyecto implica soslayar la especialidad de cada fuero, ganada durante décadas de funcionamiento autónomo, y poner en manos de jueces que son el producto de tal unificación la decisión de expedientes sobre materias ajenas a su conocimiento específico y su experiencia, y para las cuales no fueron nombrados”. Con acierto, la unificación fue dejada de lado: de otra forma, en la era de la especialización, no solo hubiésemos tenido en los hechos un enorme fuero multimateria -caótico e inabarcable-, también hubiésemos asistido a un indefinido período de adaptación hasta que cada juzgado se familiarice con materias que no le son propias. El Derecho de la Salud -cuyo fuero natural es Civil y Comercial Federal, conocido por su tradición y por el frondoso desarrollo de la materia- estaba en ese menú difícil. El avance en la unificación hubiese acercado un fracaso seguro, con obvios lastres para los litigantes, en su mayoría, personas que demandan a obras sociales o prepagas en reclamo de coberturas de medicamentos, terapias para personas con discapacidad, prótesis, intervenciones, entre otros.

Entonces, ¿la política debe ocuparse del Derecho de la Salud? Si la respuesta no convence por un criterio de sensibilidad social, también puede ser evacuada en términos cuantitativos. Tal como reveló un informe difundido por el Consejo de la Magistratura de la Nación a principios de julio, entre el 20 de marzo y el 20 de mayo de este año (en plena pandemia), la Cámara Civil y Comercial Federal dictó 261 resoluciones, de las cuales 195 fueron sobre cuestiones de salud. El mismo informe revela que el 50% de las causas que se inician en el fuero, son amparos de salud. Vale decir: en lo que va del año, habiendo sido claramente un 2020 atípico en razón del covid-19, en el fuero se han iniciado cerca de 5 mil expedientes. En 2019 se iniciaron más de 18 mil expedientes. Nada parece indicar que el número de amparos de salud va en descenso: la delicada situación económica que atraviesa nuestro país, la amenaza de colapso en el sistema de salud y las crecientes necesidades de atención que trae aparejada una pandemia sin fecha de retiro, prometen exigir aún más a nuestros tribunales.

En pocas palabras, una reforma judicial, para que sea buena y útil, no puede perder de vista las necesidades de la gente. Siendo la Salud un tópico insoslayable en todo contexto -pero en especial en este-, parece prudente analizar qué hacer para que los derechos de los argentinos estén a cubierto. Se necesita una Justicia más transparente, más veloz, más accesible: antes que proponer unificar fueros muy distintos, parecería más inteligente incluso crear un fuero específico en materia de Salud. Para lograr la mencionada celeridad -cuestión que debe ser inherente a todo amparo: así lo indica el artículo 43 de la Constitución Nacional al nombrarla como una acción “rápida y expedita”-, es necesario también que cada juzgado cuente con los exactos recursos para hacerle frente a la era digital, precipitada por la aparición de este virus indomable. En la actualidad, hay tribunales desprovistos de insumos básicos y de capacitación fundamental; la falta de estas herramientas complica la labor no solo de la Justicia, también de lo justiciables y de los abogados que nos encontramos en un silencioso período de adaptación a todos los cambios que ha sufrido nuestro trabajo. Cualquier iniciativa legislativa debería no solo tener en cuenta los problemas que afectan a la totalidad de los jugadores implicados, también debería entender bien de qué va el juego. El error en no hacerlo podría costar tiempo, dinero y salud: una tríada que nuestro país no puede darse el lujo de comprometer.

Abogado.

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