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Los empleados decidieron mantener la tregua durante una asamblea en la que, sin embargo, varios de ellos expusieron críticas a la actuación de Gendarmería nacional y del Grupo de Operaciones Especiales de la policía de Santa Cruz.
Los trabajadores habían amenazado con reanudar la huelga que mantuvo a los yacimientos y plantas paralizados durante 18 días, a causa de lo que definieron como el "acoso policial" y por la posibilidad de que les descuenten parte del sueldo por los paros.
La intervención policial, que incluye retenes a la salida de la localidad y en la ruta, tiene que ver con la investigación de la muerte del oficial Jorge Sayago, quien fue atacado durante un intento de copamiento a la comisaría local en medio de una protesta de trabajadores petroleros.
"Nos requisan todo el tiempo. Algunos nos maltratan como si estuvieran buscando el conflicto. Vienen con las armas levantadas y con el dedo en el gatillo", se quejó el delegado Luis Guineo.
Y agregó: "los (trabajadores) más viejos plantearon la posibilidad de no ir a trabajar si continuaba el manoseo".
En la asamblea se decidió "esperar a ver cómo le va a Navarro, que intentará reunirse con Tomada para tratar de solucionar lo que quedó confuso en la negociación con Repsol-YPF".
El conflicto que mantenía a los trabajadores petroleros en la Ruta 43 se solucionó temporariamente con un acuerdo en el que actuó como mediador el sacerdote Juan Carlos Molina.
Según ese acuerdo, las empresas aceptaron el reencuadramiento gremial de los empleados de la construcción que trabajan en las plantas y yacimientos y se acordó pagar los 18 días de paro, pero se generó una confusión sobre el monto del pago.
"Las empresas ofertaron pagarnos el 50 por ciento y donar el otro 50 por ciento para obras de caridad, que le entregaron al cura, pero Tomada dijo que gestionaría que nos completaran el pago y eso quedó irresuelto", explicó Guineo.
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