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En el marco de la marcha -de la que participó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), el Movimiento Justicia y Libertad y el gremio docente de CISADEMS- los manifestantes presentaron un petitorio al Superior Tribunal de Justicia en el que solicitaron la suspensión de la convocatoria a elecciones para avanzar en una reforma constitucional.
"Los santiagueños no podemos avalar estas elecciones impulsadas bajo condiciones antiodemocráticas y repudiamos estas elecciones que son la legitimación del retorno al pasado", indicó Ramón Sánchez, principal dirigente de los campesinos.
Para los manifestantes, la actual Constitución santiagueña "no garantiza la forma republicana de gobierno, como no la garantizó durante el tiempo que se vivió el terrorismo de Estado juarista", en alusión a los gobiernos de Carlos y 'Nina' Juárez, quienes actualmente cumplen arresto domiciliario.
Por su parte, Santucho, quien representa legalmente a los familiares de Patricia Villalba, una de las víctimas del doble crimen de La Dársena, dijo que "el deterioro institucional que sufrió Santiago tiene que ver directamente con esta Constitución, hecha a imagen y semejanza del tirano dominante".
"En el escrito judicial, al que se adhieren distintas organizaciones intermedias, indicamos que los comicios del 27 de febrero no deben realizarse sin que se resuelva antes la reforma de la Constitución", precisó.
Sobre el pedido de anulación de las elecciones generales, Santucho explicó que, como fue presentado durante la feria judicial, "se pidió la habilitación de días y horas, no esperar hasta febrero y evitar que se complique más aún el panorama".
De habilitarse la feria judicial para tratar el pedido de Santucho, la cuestión deberá ser resuelta por el máximo tribunal, integrado por los magistrados santiagueños Mario Habra, Nélida García de Hollemaier y Ana María Careaga (San Luis), con la intervención del fiscal Juan Carlos Storniolo.
Sin embargo, este no es el primer pedido de suspensión de las elecciones: meses atrás, fueron recolectadas más de 100 mil firmas en el marco de una campaña para reclamar la reforma de la Constitución provincial, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispusiera la suspensión de la elección de convencionales constituyentes.
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