Scioli busca limitar las excarcelaciones de quienes posean armas ilegales

Política

En medio de los resonantes hechos de inseguridad que se registran en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Daniel Scioli hizo pública su propuesta legislativa tendiente a limitar las excarcelaciones para quienes sean sorprendidos con armas ilegales.

En ese contexto, anticipó que pedirá un "rápido tratamiento", porque "las entraderas se tienen que revertir y los que tienen que entrar a las cárceles son los delincuentes".

"Sé que a veces algunos cuestionan iniciativas en este sentido, pero acá no podemos quedar bien con todos, tenemos que elegir todos los días, y elegimos estar del lado de las familias y de aquellos ciudadanos que quieren vivir en paz sin violencia", enfatizó Scioli.

La definición pareció dirigida a sectores del kirchnerismo que cuestionan las políticas de seguridad de "mano dura".

El Gobernador formuló declaraciones junto al ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, durante una actividad desarrollada en esta ciudad en la que se procedió a la destrucción simbólica de más de 15 mil armas que fueron secuestradas en diversos operativos realizados por la Policía.

Scioli remarcó que su iniciativa se orienta a "limitar las excarcelaciones de aquellos individuos que por los múltiples procedimientos que se llevan adelante sean sorprendidos con armas de fuego y tengan antecedentes en línea con el Código Penal Nacional".

Agregó que "a través de estos cambios buscamos imperiosamente desarmar a los delincuentes" y destacó la necesidad de "ir readecuando dentro del Estado de derecho el funcionamiento de la articulación entre el Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo que nos permitan ir acorralando el delito."

Las modificaciones propuestas establecen la negativa de la excarcelación cuando, en los supuestos de tenencia o portación ilegítima de un arma de fuego de cualquier calibre, el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial o evadir un operativo de control público.

También prevé que, a partir de la aprehensión, la autoridad policial o judicial requiera de inmediato los antecedentes del imputado.

• Un límite a las excarcelaciones

Concretamente, el Ejecutivo propicia la modificación del artículo 171 del Código Procesal Penal de la Provincia en un intento por limitar las excarcelaciones.

Pero la reforma va incluso más allá. "Las disposiciones de la presente ley regirán en forma inmediata y se aplicarán aun respecto de los procesos, incidentes y recursos en trámite, sin afectar derechos adquiridos y la validez de los actos cumplidos".

La iniciativa, que ingresará en las próximas horas a la Legislatura, se fundamenta en que "los mayores esfuerzos en materia de seguridad deben focalizarse en la prevención de los delitos y para ello, además de potenciar la operatividad policial con la incorporación permanente de más personal, en la renovación y fortalecimiento de la logística y la incorporación de nuevas tecnologías, resulta determinante adecuar los marcos normativos a fin de aumentar la eficacia de las actividades preventivas".

Añade que "sin perjuicio de los distintos programas de desarme en curso y de la decisión de proceder a la destrucción de las armas incautadas o entregadas por la ciudadanía, se estima ahora conveniente readecuar el marco normativo procesal para lograr la aplicación eficaz y uniforme en la provincia de la normativa nacional que reprime la tenencia o portación ilegítima de arma de fuego".

La norma que se propone apunta por un lado a que "los órganos judiciales cuenten con la imprescindible información de antecedentes a fin de considerar la eventual aplicación -a los efectos excarcelatorios- del agravante de pena contenida en el artículo 189 bis, apartado segundo párrafo octavo del Código Penal".

Y por otro, a que "sea especialmente considerada la situación de quienes, encontrándose in curso en algunos de los delitos mencionado, evidencien durante el procedimiento policial su voluntad de no someterse a la persecución penal, sea por intentar eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento".

Así, se busca limitar la excarcelación "en los supuestos de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego cuando el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o resistirse al procedimiento" y "obligar a la autoridad policial y judicial a que desde los primeros momentos requiera los antecedentes del imputado para la plena aplicación de las normas excarcelatorias".

Finalmente, el proyecto sostiene que "se ha advertido que en muchas ocasiones la libertad del imputado se hace efectiva sin verificar previamente la existencia de antecedentes penales, lo que impide constatar -al momento de decidir la excarcelación- si resulta o no de aplicación la agravante mencionada".

Durante el acto, el ministro Casal informó que a partir de la semana próxima "van a ser auditadas y reempadronadas todas las armerías en función de la normativa nacional y se van a poner de manifiesto todos los procedimientos de compra y venta de armas".

De la actividad participaron los secretarios Juan Courel (Comunicación Pública) y Eduardo Camaño (Secretaría General); el subsecretario de Política Criminal, César Albarracín; el jefe de las Policía de la Provincia, Hugo Matzkin; y los legisladores provinciales Raúl Pérez, Alberto De Fazio, Iván Budassi, Guido Lorenzino, Rodolfo Iriart y Martín Cosentino.

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