El kirchnerismo apurará durante la tarde de hoy, en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, la creación de una bicameral que “investigará” la deuda de Vicentin, en medio de las críticas que recibió el Gobierno con la intervención del grupo vía DNU y la polémica intención de expropiación en danza.
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La iniciativa, presentada en abril pasado por el senador neuquino Oscar Parrilli -mano derecha real de la titular de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner-, apunta a buscar una “posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida en los últimos cuatro años”. Es decir, sólo durante el macrismo, y donde se intentará escanear aportes electorales.
Por otra parte, el proyecto propone el guiño para solicitar “todo tipo de documentación e información relacionada con los hechos investigados, tanto del sector privado como del sector público, y de organismos locales como internacionales”. También, se pretende “ordenar la citación de testigos, incluidos funcionarios públicos y tomar declaraciones testimoniales”; “exigir la exhibición de cualquier clase de prueba instrumental reservada o secreta o no a las personas públicas o privadas, pudiendo revisar y secuestrar libros de comercio, contratos, instrumentos financieros, registros informáticos y toda clase de documentación y correspondencia que guarde relación con los fines de la investigación, tanto a nivel local como internacional”; “practicar inspecciones en lugares públicos, semipúblicos y privados, allanando por sí el ámbito de que se trate”. Y, por supuesto, “requerir el auxilio de la fuerza pública”.
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