Senado aprueba la ley antiterrorismo

El gobierno comenzará a destrabar hoy uno de los compromisos asumidos más conflictivo: el Senado sancionará la ley que penaliza la asociación ilícita destinada a producir actos terroristas y su financiación. Aunque reste después la votación en Diputados, con ese avance en el Senado podrá evitar que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), máximo organismo mundial en el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, aplique sanciones al país, durante la reunión que mantendrá en pocos días en París, por no contar con una legislación de castigo específico.

Esas sanciones pueden ir desde instruir a los miembros del GAFI para que observen cualquier operación financiera proveniente de la Argentina, declarándola país no confiable, hasta la expulsión de ese cuerpo.

El proyecto incorpora al Código Penal la figura de la asociación ilícita con el fin de cometer actos terroristas, y establece penas para los responsables del financiamiento de esos actos. El límite será que esas organizaciones deberán tener vinculaciones internacionales para ser consideradas delictivas.

El proyecto original sufrió algunas modificaciones durante su análisis en comisión, ya que se decidió agravar las sanciones previstas para el financiamiento al terrorismo que orginalmente el Poder Ejecutivo había equiparado con el lavado de dinero.

Por tratarse de un delito más grave, a quienes financien actos terroristas se les aplicará una multa de entre «cinco a veinte veces el valor de los bienes».

El proyecto fue presentado por el gobierno en diciembre pasado y hasta hace un mes había tenido pocos avances. No es la primera vez que surgen discrepancias en el Congreso por estos temas. Una exigencia anterior del GAFI terminó en la ley que dispuso el levantamiento del secreto bancario y bursátil sin autorización judicial en casos en que la UIF local investigara posibles casos de lavado de dinero. Para avanzar con el castigo al terrorismo, el problema fueron entonces la resistencia a incorporar al Código Penal una definición sobre actividades terroristas y las discrepancias sobre la incorporación de la figura de asociación ilícita.

«La asociación ilícita terrorista se define en el proyecto como aquella que tenga por objetivo aterrorizar a la población para lograr que las autoridades tomen una determinada decisión y que, a su vez, esté organizada en redes terroristas internacionales. También debe tener por propósito promover el odio religioso, racial o político, y tener armas de guerra, explosivas o químicas», explicó ayer Sonia Escudero, presidenta de la Comisión de Seguridad Interior que dictaminó también sobre el proyecto. «El proyecto está en línea con la visión occidental -especialmente con la de Estados Unidos- pues se castiga el estadio anterior a la comisión del delito, es decir, apunta a la prevención del acto terrorista», dijo la senadora.

Las penas para los miembros de asociaciones ilícitas serán: reclusión o prisión de cinco a veinte años, y para los jefes, un mínimo de diez años de reclusión o prisión. Además, será reprimido con reclusión o prisión de cinco a quince años, «el que recolectare o proveyere bienes o dinero, por el medio que fuere, con conocimiento de que serán utilizados... para financiar una asociación ilícita terrorista».

En la misma sesión, los senadores debatirán el proyecto, también del Poder Ejecutivo, por el que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes muebles e inmuebles que pertenecían a la obra social del Hospital Francés, los cuales pasarán a depender del PAMI.

El dictamen de mayoría determina la transferencia al Estado nacional, tras el pago correspondiente, de todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecían a la antigua Sociedad Francesa Filantrópica y de Beneficencia, pero sin pronunciarse sobre la situación de los trabajadores del hospital.

Un dictamen de minoría establece, además, que la Nación deberá hacerse cargo de la deuda salarial.