El Senado aprobó ayer por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para publicar, derogar y prohibir las leyes secretas sobre las que se apoyaron los pagos de sobresueldos realizados durante varios gobiernos. La iniciativa, avalada por los 53 senadores sentados en el recinto, busca dejar fuera de circulación 146 leyes secretas, que tienen su andamiaje jurídico en dos normas -decretos leyes 5.315 y 18.302- emitidas durante gobiernos de facto.
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La primera de ellas fue aprobada por la Revolución Libertadora que tuvo primero en los generales Eduardo Lonardi, y meses después, Pedro Eugenio Aramburu como presidentes -que derrocaron a Juan Perón en setiembre de 1955-; y la segunda por el general Juan Carlos Onganía, presidente en 1966 por la Revolución Argentina.
La senadora Cristina Kirchner -que fogoneó la iniciativa- presentó el tema en el recinto y abrió su discurso con una crítica a los medios de comunicación que al parecer no difunden su genial iniciativa. Dijo que « derramaron ríos de tinta» criticando la existencia de las leyes secretas, y «ahora que se va a discutir en el Senado casi no hay crónicas sobre el tema».
Afirmó que «los decretos 5315/56 y 18.302/69 fueron el andamiaje sobre el que se apoyó el resto de las leyes», subrayó la esposa de Néstor Kirchner, y señaló que durante la democracia iniciada en 1983 -de la cual ella también ha venido siendo parte-, «todas las partidas de gastos reservadas fueron aprobadas por el Parlamento argentino vía Ley de Presupuesto».
La senadora puntualizó la necesidad de derogar las « normas básicas, porque de lo contrario existirían facultades para que el Ejecutivo propusiera al Parlamento la creación de gastos reservados». Una vez aprobada la ley -falta la media sanción de Diputados-, el gobierno tendrá 60 días para hacer público el contenido de las normas secretas en el Boletín Oficial.
La iniciativa no incluye la difusión de los también decretos secretos que promulgaron los diferentes gobiernos sin el visto bueno del Congreso. Si el texto aprobado anoche se convierte en ley, sólo continuarán siendo confidenciales las normas que regulan los gastos de los organismos de seguridad.
Sin embargo, las erogaciones de esas dependencias -entre otras el Ministerio de Defensa y la SIDE-, deberán rendir cuentas a la Comisión de Fiscalización de los Organismos de Seguridad e Inteligencia que funciona en el Congreso.
La discusión pública sobre las leyes secretas comenzó cuando María Julia Alsogaray admitió haber cobrado sobresueldos durante la gestión de Carlos Menem y de que ex funcionarios de ese gobierno aseguraran que esa acción estaba amparada por la Justicia a raíz de la existencia de normas secretas.
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