El juez federal Guillermo Montenegro, quien lleva la investigación del Caso Skanska, reveló ayer que fue convocado por Mauricio Macri para ocupar la cartera de Seguridad y Justicia en el Gobierno porteño.
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El magistrado, de 45 años, mantiene una relación de amistad con Gabriela Michetti desde hace 14 años y ha dicho que debe consultar con su familia la decisión de abandonar la carrera judicial -incluido el caso Skanska-para entregarse a la gestión pública. La relación con la vicejefa electa parece el motivo de la invitación al magistrado a sumarse al macrismo, ya que se lo relaciona con el kirchnerismo.
Lo que le ofrece Macri -quien también pensó en convocar para ese puesto a Guillermo Ledesma, quien integró los tribunales que juzgaron a las juntas militares de la última dictadura-es un ministerio que creará. Tal como anticipó ayer este diario, Macri piensa recortar lo que actualmente es el megaministerio de Gobierno que conduce Diego Gorgal -un joven relacionado con Juan José Alvarez y Horacio Rodríguez Larreta (trabajó en la Fundación Sophia) que desembarcó en la ciudad tras la tragedia de Cromañón-.
Gorgal tiene a su cargo Seguridad, Justicia y Control Comunal. Pero Macri transformará la cartera sólo en Seguridad y Justicia, y le quitará Control Comunal, que será una agencia y no una dependencia (ver nota aparte).
El subsecretario de Seguridad podría ser Eugenio Burzaco , el especialista de Macri en esa materia a quien lo han desplazado de los ministeriables por considerar que no cuenta «con suficiente experiencia». Pero, sin Policía propia, esa subsecretaría y el propio Montenegro deberían sólo abocarse a diseñar una fuerza de seguridad para el distrito, tras la derogación del artículo de la llamada ley Cafiero que vetaba esa posibilidad.
Inspectores
Macri ha dicho que disolverá la Guardia Urbana creada por Aníbal Ibarra, y se pensó en un cuerpo de inspectores de tránsito que podría depender del juez, si acepta el cargo. En cuanto a Justicia, la porteña se reduce a la contravencional y de faltas, y al fuero Contencioso Administrativo y Tributario, aunque viene recibiendo el traspaso de algunas competencias penales de delitos menores.
Ibarra había creado en su primera gestión una secretaría (Telerman le dio estatus de ministerio) de Seguridad y Justicia. Luego la disolvió al conocer que no lograría que se traspase a la Ciudad parte de la Policía Federal (como buscaba también Macri que le concediera Néstor Kirchner). Después de todo, pensó Ibarra que sin Justicia ni Policía propias, no tenía sentido un área relevante para esas cuestiones.
Creó la Secretaría de Control Comunal, que disolvió el cuerpo de inspectores al que Ibarra calificó de «focazo de corrupción», que actualmente depende del Ministerio de Gobierno.
Es decir que Macri busca en un juez que ha tenido casos relevantes en su desempeño, más que nada el diseño de la Policía futura de la Ciudad (también ha dicho que le seguirá reclamando a Néstor Kirchner el traspaso de la Federal).
«Tengo que discutirlo con mi familia y tomar una decisión», explicó ayer Montenegro en declaraciones radiales.
El juez señaló que trabaja desde hace «25 años» en cargos judiciales y que «no es la primera vez» que recibe un ofrecimiento político.
«Yo pedí reserva y tiempo. La reserva no la hemos logrado. Pero es una decisión demasiado importante como para resolverla rápidamente», señaló el juez y aclaró que el hecho de que haya trascendido el ofrecimiento no es un obstáculo para aceptar.
Explicó que aún no tiene «para nada decidido» si aceptará y precisó que se trata «básicamente de un cambio de vida».
Por otra parte, el fiscal Carlos Stornelli, quien también actúa en el caso Skanska, sería el elegido por Daniel Scioli para encabezar el Ministerio de Seguridad bonaerense, en caso de que el vicepresidente se consagre gobernador en la provincia.
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