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Ante esta situación, el presidente de la bancada radical, Fernando Chironi, consideró que se estaba realizando "una violación del reglamento y de la práctica reglamentaria" y que "esto puede traer para el próximo gobierno consecuencias contrarias al interés del Estado nacional".
Tras la queja la oposición se retiro del recinto y el oficialismo, con sus aliados, llegó a la votación con 134 diputados presentes, y sin mayor trámite que la presentación formal del proyecto, lo votó sin que mediara una exposición previa.
Entre quiénes votaron a favor del proyecto se encontraban tres diputados que asumieron en la sesión de esta misma tarde.
Se trata de los radicales K Pedro Vera, que reemplazó a Gustavo Canteros y José María Roldán, que juró en lugar de Horacio Colombi y la diputada María Ines Díaz del partido Renovador de Salta, que asumió en lugar de Andrés Zottos.
Además, el radicalismo K aportó a Josefina Abdala (Mendoza), Roberto Costa (Buenos Aires), Hugo Cuevas (Río Negro); el peronismo federal a la menemista Alejandra Oviedo; el juecismo cordobés, a Marío Ardid.
Otros aliados del Frente para la Victoria, fueron el misionero Emilio Kakabur (Dignidad Peronista); la sanjuanina Adriana Marino (Frente Producción y Trabajo) y el salteño Carlos Sosa (Renovador), el catamarqueño Eduardo pastoriza (Bloque por la Verdad) y el porteño Eduardo Borocoto (Movimiento Independiente).
Las tres abstenciones correspondieron al sanjuanino Guillermo Baigorri (Vida y Compromiso) y los satiagueños Daniel Bru y Cristina Oliva (Radicales K).
En tanto votaron en contra la porteña Paola Spatola (Guardia Peronista) y los bonaerenes Adriana Tomaz y Juan Carlos Bonacorsi (del Paufe de Luis Patti).
Al término de la sesión, el presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, señaló que "el bloque logró reunir 110 diputados, y con la colaboración de los aliados de siempre se logró votar este importante proyecto".
La iniciativa que fue girada al Senado para ser tratada mañana, le permite al Poder Ejecutivo Nacional renegociar contratos de servicios públicos, reordenar el sistema financiero y el mercado de cambios, reactivar la economía, mejorar el nivel de empleo y la distribución de ingresos y crear las condiciones para la reestructuración de la deuda pública.
Además, esa norma mantiene la emergencia sanitaria y la continuidad del programa de ayuda a Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y, en cambio, deja de lado la doble indemnización que el gobierno nacional dio de baja hace unos meses, una vez que se consolidó el índice de desempleo en un dígito.




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