Día feliz, a medias, fue el de ayer para Jorge Telerman, quien comenzó la mañana ofreciendo un balance de su gestión (ver nota aparte) y, al mismo tiempo, festejando su cumpleaños. Pero en el medio se cruzó la noticia de que sería llamado a indagatoria en el marco de una causa por supuesta «malversación» de fondos, relacionada con la venta de publicidad oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno porteño adjudicó el tema a una maniobra política.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El fiscal Sandro Abraldes solicitó al juez de Instrucción Luis Zelaya la indagatoria del jefe porteño, como la de su vocero, Oscar Feito, en el marco del expediente que investiga una denuncia del diputado Miguel Bonasso, sobre la utilización de una empresa intermediaria en la venta de avisos, presuntamente con el objetivo de obtener un retorno de las pautas publicitarias. Se dio a conocer que Zelaya estaría dispuesto a conformar al fiscal, pero no hay fecha todavía.
La investigación surgió como un desprendimiento del caso Skanska, y el primero en denunciar la existencia de facturas de Sol Group SA -investigada en el expediente de Skanska- fue el jefe de Gabinete nacional, Alberto Fernández. Lo hizo en una de sus visitas al Congreso y en plena campaña por la jefatura de Gobierno de la Ciudad.
Bonasso llevó la denuncia a los Tribunales, y Zelaya ordenó un allanamiento en las oficinas de Feito, quien es secretario de Prensa y Difusión del gobierno de Telerman. Tras ese episodio, Feito intentó recusar al magistrado.
El pedido de Abraldes al juez alcanza también a Sergio Mastropietro, quien figura como directivo de Sol Group.
La maniobra denunciada en su momento mostró facturas de esa firma por varios millones de pesos que habría pagado el Gobierno porteño, entre otros a Ideas del Sur, de Marcelo Tinelli. El conductor le dijo entonces a Fernández de todo, hasta «López Rega», pero luego el jefe de Gabinete se disculpó al aire, no así con el gobierno de Telerman.
Telerman, según se difundió, sería citado como acusado por presunta « malversación de caudales públicos», delito que prevé una pena máxima de 3 años de prisión.
«Se debe investigar cuánto de ese dinero recibieron efectivamente los medios a los que iba destinado. La diferencia entre lo que salió del Gobierno porteño y lo que recibieron los medios es el retorno», sostuvo Bonasso cuando formuló la acusación.
Ayer, Feito consideró que percibe «un tufillo a maniobra política» en las citaciones a indagatoria. El funcionario dijo que fue una «gran sorpresa el enterarnos a través de la información periodística sobre este supuesto llamado a indagatoria y sobre todo en el caso del jefe de Gobierno, que no está mencionado en el expediente, en las centenares de fojas que ya tiene». Feito aseguró que «en la sustanciación de la causa no hay nada que aluda al jefe de Gobierno, salvo en la primera denuncia de Bonasso».
Dejá tu comentario