Anoche, parecía un hecho que los justicialistas tomarían la sugerencia del entrerriano Jorge Busti de especificar distintas clases de responsabilidad en la comisión del delito de vaciamiento. Algo que no figuraba en el texto enviado por el Ejecutivo. Por si fuera poco, se barajó también la posibilidad de obligar a los jueces a que recaratulen causas y así, aun cuando se derogue la «subversión económica», no queden liberados los banqueros. Una cláusula apta para un conflicto de poderes.
Con un sugestivo silencio de Luis Barrionuevo (habitual animador de las discusiones de entrecasa y censor del gobierno, pero bastante calmado por la designación de su esposa, Graciela Camaño, en Trabajo), la reunión de bloque PJ de ayer comenzó con un pedido de José Luis Gioja de que se tratara lo antes posible la derogación. El jefe de la bancada venía de rechazar en la Casa Rosada un ofrecimiento de Eduardo Duhalde para hacerse cargo del Ministerio del Interior. «Soy más útil en el Senado», se disculpó el sanjuanino.
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