A la sombra de la ratificación legislativa de las retenciones móviles, el proyecto orientado a reordenar los arrendamientos rurales genera otra fuerte polémica entre el gobierno y el campo. La iniciativa recibe críticas por los nuevos límites que establece a nivel territorial y temporal y provoca diferencias entre la Federación Agraria -promotora de las modificaciones- y otros sectores del agro.
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El proyecto elaborado a instancia de la FAA y presentado por el diputado Eduardo Macaluse (bloque Solidaridad e Igualdad) cuenta con dictamen positivo en la Cámara baja y aguarda tratamiento en medio de las agitadas jornadas que está registrando el Congreso. El texto fue replanteado en los últimos días, pero básicamente, se mantiene en línea con lo que reclama desde hace años la FAA que conduce Eduardo Buzzi y agrupa a los pequeños productores de todo el país.
En caso de ser aprobado, uno de los principales cambios que se activarían es la reducción del arrendamiento a no más de 10 unidades económicas. Se trata de un tema complejo de controlar, ya que cada provincia y cada región define qué es una unidad económica. Hay zonas del país donde se cuentan unidades de 50 hectáreas, pero también pueden llegar a las 250, aunque estas dimensiones suelen surgir cuando se incluye ganadería.
En rigor, el espíritu de la iniciativa apunta a reducir la concentración de la tierra y la producción, uno de los principales reclamos de la FAA que ahora, estratégicamente, retoma el gobierno en medio del conflicto. Fue la propia Cristina de Kirchner la que instaló el tema en una de las reuniones que mantuvo con las entidades.
Contradicciones
Se apunta particularmente a los llamados pooles de siembra. Los Grobo, por caso, poseen 110.000 hectáreas bajo sistema de arrendamientos. Pero el proyecto también daría lugar a situaciones contradictorias: si se toma el caso hipotético de unidades económicas de 50 hectáreas, el entrerriano Alfredo de Angeli, ícono de la FAA en la pelea con el gobierno, se vería obligado a desarmar la actual estructura de sus campos, ya que, según es de público conocimiento, el combativo dirigente es arrendatario de unas 600 hectáreas de producción agrícola.
La Ley de Arrendamiento también genera quiebres entre las entidades. Desde la Sociedad Rural aseguran que «el proyecto tal cual está desnaturaliza el arrendamientoporque para que esta modalidad sea efectiva es necesaria una gran cantidad de superficie», afirmó Ernesto Ambrosetti, titular del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural.
El analista también opina que la aplicación de límites a las extensiones también sería de difícil aplicación. « Actualmente no hay registros de arrendamientos en el país. Además, hay que ver por qué se arrienda, si se trata de un productor, o de un grupo inversor. En realidad, lo que se motiva es que los llamados pooles se trasladen a Brasil o Uruguay, porque nadie va a desarmar su administración en varias partes para poder seguir operando.»
Otro punto que genera polémica en el proyecto es la imposición de un plazo mínimo de cinco años para alquilar tierras cultivables. Desde el sur de Córdoba hicieron saber sus reparos. Ricardo Osella, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) argumentó que «se generará una retracción de la oferta de tierra. Con un alquiler fijo de esa extensión, el propietario deja de disponer de su suelo y pocos querrán mantenerse dentro de ese régimen».
Osella también criticó el tope a la extensión arrendable: «Se quita libertad, obligando a dividir las sociedades que en muchos casos funcionan muy bien».
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