La reunión del comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), comúnmente llamada la «mesa chica», tuvo un tema excluyente: tal como adelantó ayer este diario los empresarios manifestaron su gran preocupación por la posibilidad de que una convocatoria al Consejo del Salario Mínimo -reclamada por Antonio Caló y Hugo Moyano desemboque en una avalancha de pedidos de aumentos de sueldo. «Y hoy no estamos en condiciones de dar más aumentos: los costos son cada vez mayores y en el interior está prácticamente cortada la cadena de pagos, lo que es una condena a muerte a plazo fijo para muchas pymes regionales», dijo a este diario uno de los participantes de ese almuerzo, que se prolongó casi tres horas.
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El industrial -como casi todos los miembros de la entidad fabril- atribuyó esa interrupción de los pagos en las provincias a una «causa obvia: el conflicto del gobierno con el sector agropecuario». Agregó que este fenómeno, por demás preocupante, se hace sentir en provincias como Córdoba y Santa Fe, pero especialmente en regiones como el NEA y el NOA.
El dirigente confirmó que aspiraban a que el gobierno -en el hipotético caso de que se convocara al Consejotome en cuenta las diferencias de gastos de los trabajadores y las rentabilidades diferenciales que existen entre las grandes empresas de los conglomerados urbanos y las pymes del interior, para fijar salarios mínimos acordes a cada realidad regional. Y si bien los salarios mínimos industriales promedio superan largamente el mínimo general (tanto el actual de $ 980 como el de $ 1.200 que reclaman los caciques sindicales) la sola posibilidad de tener que sentarse a discutir el tema sueldos en el Ministerio de Trabajo con la CGT y la CTA del otro lado de la mesa es una pesadilla que preferirían evitar.
Por eso, en la reunión que mantuvieron con Cristina de Kirchner días antes del 25 de mayo (en pleno paro agrario) le sugirieron a la Presidente incluir el tema salarial en el Acuerdo del Bicentenario, el que finalmente nunca se firmó justamente por la negativa del gobierno a convocar a las entidades del agro a hacerlo.
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