Tras el anuncio de intervención, la oposición reclamó profundizar en el destino de los fondos

Diputados nacionales se pronunciaron a favor y otros expresaron sus reparos sobre la decisión del gobierno nacional de intervenir TBA en las líneas de ferrocarril Sarmiento y Mitre, pero coincidieron en marcar la necesidad de realizar cambios de raíz en el sistema de transporte. Además, reclamaron que se dé a conocer el destino que tuvieron los subsidios al sector ferroviario.

La cúpula de la UCR consideró en conferencia de prensa que la medida que tomó el Gobierno "es un verdadero mamarracho", ya que "sus fundamentos se basan sólo en la continuidad del servicio".

El titular del jefe de diputados nacionales, Ricardo Gil Lavedra, resaltó que la Casa Rosada "tenía pleno conocimiento" del mal funcionamiento de los trenes y del incumplimiento de TBA.

En tanto, los diputados de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, Alfonso Prat Gay y Alicia Terada presentaron un pedido de Juicio Político contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido,

"Venimos a cumplir con el deber que nos manda la constitución", dijo Carrió y agregó que "el correctamente llamado cajero de Kirchner, es el principal culpable y responsable de todo lo sucedido en materia ferroviaria, de esta y otras tragedias".

"La intervención que anunció el Gobierno, sin pedir la intervención judicial sino enviando a un funcionario de la SIGEN es para poner a alguien de su confianza para eliminar facturación trucha y eliminar toda prueba que pueda comprometer a De Vido y a los Cirigliano", subrayó Carrió.

Para el titular de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, "De Vido intenta escapar a su responsabilidad en el desastre ferroviario".

"Lo primero que debe hacerse es desentrañar la ruta de aplicación de los subsidios y las millonarias sumas que se acreditaron en estos años", reclamó el cineasta en un comunicado.

Evaluó, además, que "el constante deterioro del material ferroviario y del servicio a los pasajeros es la consecuencia de una asociación ilícita que compromete a altos funcionarios del Estado, concesionarias, y dirigentes ferroviarios".

Con un tono más moderado, el secretario adjunto del GEN, Horacio Alcuaz, afirmó que "la intervención a TBA es un buen primer paso, además hay que revisar la responsabilidad política".

"Ahora deberá el interventor investigar el destino de los fondos cobrados como subsidios y precisar por qué no se cumplieron con las advertencias que los trabajadores, los usuarios y la propia CNRT hicieran sobre el calamitoso funcionamiento de los servicios", afirmó el ex diputado nacional en un comunicado.

El diputado del Frente Peronista, Eduardo Amadeo, aseguró: "Ojalá esta medida sea efectiva porque la gente necesita viajar como seres humanos".

"Si la intervención sirve para que se haga justicia, bienvenida sea. No puede haber impunidad ni para empresarios, ni para funcionarios, cuando se trata de la vida de la gente. Espero que se encuentren a los responsables de esta tragedia para que no se repita", agregó el legislador.

A su turno, el diputado del Frente Amplio Progresista (FAP), Roy Cortina, consideró que "es una reacción tardía e insuficiente del Gobierno Nacional frente a una tragedia que lo desbordó y que dejó en evidencia las graves falencias de su política ferroviaria, continuadora fiel de la implementada por el menemismo en los ´90".

"Desde el oficialismo se sigue ganando tiempo y especulando con la posibilidad de salvar de responsabilidad a un grupo empresario, cuando la respuesta del Estado debería haber sido el retiro de la concesión", agregó Cortina

En la misma línea, el legislador del FAP, Claudio Lozano, consideró prioritario "replantear la situación del transporte en general, más allá del desarrollo del proceso judicial" y cuestionó que el gobierno "siga demorando tomar ese tipo de decisiones".

"La necesidad de revisar esta estructura que se articuló en los `90 no requiere de ninguna espera judicial porque mientras tanto los usuarios siguen conviviendo con la muerte", reflexionó.

También crítico, el macrista Julián Obiglio juzgó que una intervención "debe ser dispuesta por la justicia para preservar las pruebas", al rechazar que sea el gobierno el que tome esa determinación.

"Es una locura que el Gobierno, que debe ser imputado, intervenga la empresa y se haga cargo de todos los elementos que deben ser auditados por la Justicia", argumentó.