30 de enero 2020 - 00:00

Tras una semana caído, "revivió" el sistema informático del Poder Judicial

El Lex 100 se apagó durante varios días debido a la rotura de un aparato que ya no se fabricaba más. Corte y Consejo, movilizados tras la queja de los abogados y los funcionarios. Feria "offline" y prolongada mora en la modernización informática de la Justicia.

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Ignacio Petunchi

Cuando ya estaba por cumplir una semana de parálisis, se evaluaba la extensión de la feria judicial y se alzaban voces reclamando un nuevo sistema informático, el Lex 100 -el obsoleto, problemático y emparchado corazón del software que utiliza el Poder Judicial-, revivió. Tan misteriosamente como quedó fuera de servicio, su reinicio permitió volver a cargar los datos que se iban acumulando durante la actividad dentro del receso. La Cámara de Casación “ordinaria” de la Capital Federal fue la única que salió a diferenciarse de la parálisis y mostró que los trámites seguían “offline”. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal reclamó directamente a la Corte Suprema para que se reuniera de emergencia y decretara la prolongación de la feria, ante el riesgo de que el problema persistiera a partir del lunes. Dos ministros estuvieron en permanente contacto a la espera de novedades. El eje de la controversia volvió a quedar del lado del Consejo de la Magistratura, bajo cuya órbita está el área de sistemas. No existe un plan de contingencia para las “caídas” cada vez más frecuentes de un software que ya se acepta como de funcionamiento defectuoso.

El Lex 100 colapsó el 23 de enero. Nunca “levantó”, como suele ocurrir con el correr de las horas cuando existen estos apagones. La conclusión más compleja del episodio es que no hay “sistema de redundancia”, lo que significa que hay un único almacenamiento de datos, justamente lo que tuvo problemas. Finalmente hubo que comprar uno nuevo de emergencia para que se reinicie el sistema. El que funcionaba hasta el momento había dejado de fabricarse.

El 24 de enero, el director general de Tecnología elevó su informe de la falla al presidente del Consejo, el juez Ricardo Recondo, y al administrador general del Poder Judicial, Carlos Bedetta. Allí consignó que la “indisponibilidad” del sistema se debió a la rotura del Storage HPXP 24000 que soportaba la base de datos principal. Indicaron que se consultó al fabricante, Hewlett Packard, pero que la respuesta es que la reparación era “incierta” y que ese equipo estaba “discontinuado”. Tecnología aseguró que era “ineludible su reemplazo” y que “no existían paliativos” para que el Lex 100 volviese a la vida. Por eso abrieron la compulsa a proveedores para reemplazarlo bajo cualquier modalidad, compra, alquiler o hasta préstamo. Pero una vez instalado, advirtieron, se necesitaría migrar las bases al nuevo, tarea que demandaría entre 48 y 72 horas adicionales.

La falla afectó toda la actividad en Tribunales y motivó la queja de letrados, incluidas las organizaciones como el Encuentro de Abogados Independientes y otras agrupaciones que elevaron la preocupación respecto de los retrasos que ocasionaba la parálisis. En el mismo sentido se pronunciaron las comisiones internas de los empleados judiciales.

La parálisis informática no evitó que los trámites continuaran ingresando de forma manual. El presidente de la Cámara de Casación ordinaria, Daniel Morin, insistió en que pese a las dificultades, como estaba en juego la libertad de las personas y causas urgentes durante la feria continuaban con su agenda de recursos y audiencias. Se resolvieron y se remitieron a los tribunales que eran destinatarios.

Según pudo saber Ámbito Financiero, en acuerdo entre la Corte y el Consejo se decidió contratar a Hewlett Packard para la reparación y el mantenimiento del Storage. Con el equipo recuperado, el sistema entero levantó y se pudo continuar con la migración de datos desde que estuvo disponible el Hexadata de Oracle, el que viene trabajando desde hace 6 meses, aproximadamente. El retorno a la actividad tras la feria exhibirá los mismos problemas estructurales por los que ya se declaró una emergencia que atañe a todo el funcionamiento de la Justicia. Operadores miran con preocupación que en todo el paquete de reformas previsto por el Gobierno no se haya incluido cambios en un aspecto tan sensible.

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