Trotskistas atizan a gremios oficialistas

El líder del trotskismo criollo -una ideología de museo que se agrega a los atractivos turísticos que ofrece la Argentina de hoy a los visitantes con moneda fuerte- Jorge Altamira, además de actor y legislador jubilado, es periodista de economía, tema que desarrolla en el periódico partidario «Palabra Obrera». En la última entrega, fustigó a los burócratas sindicales y al gobierno, y acuñó un lema que prosperará: cuanto peor está un gremio, más oficialista es el dirigente gremial. Veamos lo principal de esa nota de Altamira.

Hugo Moyano, y con él la inmensa mayoría de los dirigentes sindicales, ha decidido sacrificar los salarios de los trabajadores «para contribuir», dice, «a la lucha del gobierno contra la inflación». Lo que Kirchner no consigue arrancar a los ganaderos, a los supermercadistas, a las privatizadas de servicios diversos, se lo consigue imponer a los sindicatos, y, en especial, a los de la CTA de Víctor De Gennaro y Hugo Yasky.

En la Argentina se da el raro caso de que los burócratas más oficialistas son los de los sindicatos que tienen sus salarios virtualmente congelados, como los trabajadores del Estado. Como la CTA se jacta, además, de representar a los jubilados, a los monotributistas y a los minifundistas, se llega a la obligada conclusión de que cuanto más perjudicada es una rama de trabajo, más oficialistas son sus dirigentes.

Integración

El Congreso de la CTA, el fin de semana pasado, consagró la integración al Estado del llamado «sindicalismo independiente», bajo la batuta de los D'Elía. Moyano firmó un convenio para camioneros que sube el salario básico, en promedio, 16%. Es cierto que obtuvo aumentos por fuera del básico y que las patronales han debido conceder por la enorme presión desde abajo de los trabajadores. Pero el rezago del básico desprotege al trabajador en materia social y jubilatoria. Refuerza la precariedad laboral y la presión a extender la jornada de trabajo. El acuerdo no contempla ajustes por inflación, de modo que una buena parte del aumento quedará anulado.

Las patronales han aceptado ir más allá de lo que pretendían, con las sumas no remunerativas, con la expectativa de que el contexto inflacionario les permitirá trasladar esos aumentos a los precios.

El gobierno está aumentando tarifas con retroactividad, la del gas, por ejemplo, y ha logrado la ley que lo autoriza a agregar «cargos específicos» a las facturas de servicioscon el argumento de financiar inversiones. Pero Moyano hizo más que ceder gran parte de los reclamos a la presión del gobierno: también les dio el apoyo a los matones de la UOCRA que fueron a apalear maestros en Neuquén, los cuales reclamaban precisamente un aumento del salario básico.

Una semana después de la golpiza, la huelga docente neuquina fue levantada. Lo de Moyano marca una pauta, quizás un techo, para el resto de la burocracia. Zanola firmó sin obtener aumentos en el básico, aunque las sumas extrabásico sean del orden de 20% debido a lo bajísimos que son los salarios de los bancarios. ¿Los bancarios también se sacrifican por la inflación? Solamente los bonos indexados, ajustados además al crecimiento de la producción,han dado a los financistasganancias de más de 50% sobre la inversión. El Banco Central los subsidia vendiéndoles bonos o títulos propios, al punto de que la deuda financiera del Central ha llegado al nivel más alto desde el fin de la convertibilidad.

Abandono

De todos modos, como lo demuestra la explotación de bolivianos y no bolivianos en todo el país, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, o de los trabajadores agrarios, y en todas las tercerizadas que trabajan para los monopolios, el salario mínimo es la mitad del oficial. La CGT, incluida la de Moyano, ha abandonado por completo a los trabajadores desorganizados, que sin embargo son mucho más de la mitad de la clase obrera. La recuperación económica pone al desnudo, aún mucho más que la crisis, el carácter superexplotador de la «burguesía nacional», el carácter servicial del gobierno y el carácter entreguista y parasitario de la burocracia sindical. Nada más ilustrativo que los escasos cincuenta inspectores que tiene la Ciudad de Buenos Aires -«podrida en guita»- para ejercer la «policía del trabajo». Lo mismo ocurre, por supuesto, en Santa Cruz o en San Juan, o con los basurales de Gobernador Gálvez en Santa Fe, y así de seguido. Kirchner le ha pagado 10.000 millones de dólares al FMI, pero destinará 168 millones de pesos para enfrentar la contaminación del agua en la cuenca Riachuelo-Matanza, por lo que demorará dos décadas la depuración del nitrato del agua. ¿Por qué sorprenderse, entonces, de que las «calificadoras de riesgo» suban la «nota» financiera de la Argentina, a pesar de que todavía tiene 20.000 millones de dólares en default y conflictos contractuales con Aguas Argentinas? La Argentina se ha reconvertido en un paraíso del capitalismo a costa de la mayor pérdida de poder adquisitivo del salario en toda la historia y de una superexplotación que no tiene precedentes.