Santa Cruz - Habituado a ordenar el mapa político a partir de la identificación -y en muchos casos creación-de sus enemigos, Néstor Kirchner ya ha logrado establecer claramente a sus opuestos en el marco de la grave crisis que vive la provincia. Se trata de la UCR santacruceña, que ha tomado el guante y parece dispuesta a aumentar la intensidad del duelo. El Presidente dedica constantes acusaciones al radicalismo opositor, con la mira puesta particularmente en el intendente de Río Gallegos, Héctor Roquel, y el grupo de docentes de Adosac que le es fiel. A esta dedicatoria de culpas se sumó ayer un extrañamente enérgico gobernador Carlos Sancho, que sólo confirma así lo socavado que está su rol de liderazgo.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La UCR responde, en tanto, blandiendo una hipótesis que preocupa: lejos de estar dispuesta aceptar una negociación salarial, la Casa Rosada ha decidido imponer mano dura en la provincia.
Así lo sostiene el senador nacional Alfredo Martínez, que apoya su argumento en la llegada de Roberto Caserotto como nuevo jefe del escuadrón de Gendarmería que se encuentra en la provincia. Las órdenes que habría recibido el nuevo líder serían las de no dudar en reprimir, una decisión inédita en la habitualmente tranquila provincia.
No parece una idea descabellada si se toma en cuenta que la llegada, el jueves pasado, de este efectivo que fue sacado del retiro por un decreto de Kirchner estuvo acompañada por los posteriores hechos de represión -en los cuales también participó la Policía local que comanda Wilfredo Roque-que se dieron desde la noche del lunes en las diferentes manifestaciones locales.
Consumados los enfrentamientos que dejaron más de una decena de heridos ayer, el senador Martínez salió nuevamente a «repudiar los hechos de violencia y la militarización de la provincia». Y advirtió sobre el «discurso del gobierno nacional y sus edecanes provinciales: discurso violento y de tribuna que crea fantasmas de enemigos y desestabilizadores, el discurso increíble de víctima que justifica de antemano la represión futura».
Desde el comité nacional UCR, su titular, Gerardo Morales, siguió exigiendo respuestas a la Nación y ayer envió una carta documento al ministro del Interior, Aníbal Fernández. En el escrito le pide «garantizar la vigencia de los derechos humanos, la paz social y fundamentalmente la integridad y dignidad de las personas que habitan en la provincia». Asimismo, Morales reclama «acceso a manifestar sus reclamos» a «los agentes municipales, docentes y empleados que residan en Santa Cruz».
Desde Río Gallegos, Roquel aseguró que participó de la marcha de ayer (ver aparte) porque «siente miedo». La frase responde en parte a Sancho y al ministro de Gobierno provincial, Daniel Varizat, que apuntaron ayer al intendente, a Martínez y al diputado peronista opositor Eduardo Arnold -candidateado para la gobernación-como los responsables de «generar un estado de miedo y de caos».
Dejá tu comentario