Un arranque de furia provocó en Aníbal Fernández la osadía del director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, Martín Montero, quien le pidió información sobre una eventual licitación para la confección de los DNI que estaría programando el Ministerio del Interior. Demasiado reclamo para esa cartera ya que Fernández consideró que las pretensiones del agente de la OA -que comanda Abel Fleita Ortiz de Rozas-pasaban por encima «en todo su contenido» las atribuciones que les corresponden. No dijo quién debe pedirle explicaciones por esa futura compra del Estado, con aroma francés o norteamericano.
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El ministro adoptó primerola postura docente y luego la de experto en derecho para explicarle a Montero algunas cuestiones que, al parecer, el funcionario anticorrupción no tenía claro. Por caso, que es potestad del ministro evaluar la conveniencia de emitir nuevos documentos de identidad para los argentinos. No obstante, Fernández se avino a anoticiar a Montero que su cartera no contrató personal ni consultora para analizar el diseño de un pliego de licitación para los nuevos DNI.
El enojo de Fernández, llegó a manos de Ortiz de Rozas que pudo leer en un papel con membrete del Ministerio del Interior, un párrafo que decía: «Considero improcedente contestar los puntos solicitados por el Sr. Montero, como así también exhibir documentación que sólo tienen características de 'papeles de trabajo'. No creo que mucho aporten a su función investigadora como integrante de una oficina anticorrupción,los nombres de los empleados de una oficina pública, cuando los funcionarios de Estado conocemos sobradamente que nuestros antecedentes se encuentran disponibles en las respectivas Direcciones de Recursos Humanos de cada organismo, como así también en la subsecretaría de Gestión Pública».
Ya en papel de abogado, el ministro alecciona a Montero que para la existencia de un delito, el iter criminis debe contener cuatro pasos: los internos, los preparatorios, la ejecución del delito y la comisión del delito propiamente dicha. Nadie sabe la razón por la cual invoca delitos cuando la oficina sólo requería información.
Basado en ese concepto señala, a su vez, el error de Montero en creer que los papeles de trabajo esconden un posible delito de corrupción. Además, indica que una vez concluida la etapa de preparación del pliego para la confección de los DNI, éste debe ser aprobado por el jefe de Gabinete y el Presidente. Pero además sostiene que el interés del ministerio es establecer un data room en el portal de ese organismo para que tenga alcance internacional y que se puedan presentar las modificaciones que se crean pertinentes.
«Luego de receptadas las propuestas y definido el pliego, será en ese momento y con la información disponible que podrá ponerse a disposición de la Oficina Anticorrupción los alcances del mismo para su análisis, en el marco que le confiere la reglamentación vigente», apuntó Fernández en el escrito.
No es la primera vez que el gobierno reta a la Oficina Anticorrupción y en especial apunta sobre Montero, quien supo ser secretario de Asuntos Penitenciarios de Gustavo Béliz, luego de su paso como virtual jefe de Gabinete del ex fiscal Pablo Lanusse.
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