Un periodista que denunciaba pero cuando era arriesgado

Schönfeld recorriendo juzgados en el Palacio de Tribunales por procesos contra su verdad escrita en diarios. Terminaron dándole la razón. (Fotos: gentileza diario «Crónica».)

Durante el Proceso militar de «los 70» hubo temas musicales prohibidos, artistas prohibidos, periodistas, escritores, películas y libros prohibidos. Como a Ambito o a «La Nación» hoy, la dictadura de entonces les permitía cierta crítica a algunos pocos medios, pero todo muy acotado en lo que se llamaba los «límites del disenso». Hoy hay poca prensa disidente por la abundancia enceguecedora del dinero del gobierno, pero hay libertad para optar. En esos años 70 no. Algunos se plegaban al gobierno militar por habitualidad, tipo «Clarín». Otros por convicción porque la guerrilla había desatado una guerra. Había otros que apoyaban el accionar antisubversivo pero con críticas al método sangriento tipo «The Buenos Aires Herald», «La Opinión» y «La Prensa». Esta sabía de dictaduras porque en 1951 la expropió por 4 años el gobierno de Perón. Tenía un acendrado espíritu de libertad para no apoyar la subversión terrorista ni la represión ilegal.

En «La Prensa» y su tradición había periodistas de fuste, como Manfred Schönfeld, y más adelante el español Jesús Iglesias Rouco. El diario contaba, además, con un fuerte respaldo ético: no aceptó de la dictadura militar durante el mandato de Jorge Rafael Videla acciones de regalo de Papel Prensa que sí se apresuraron a tomar «Clarín», «La Nación» y «La Razón» (de éstas terminó apropiándose también «Clarín» sobornando a un juez). «La Prensa», por todo eso era La dignidad y Schönfeld su estrella.

Precisamente Schönfeld estaba entre quienes más exasperaban al gobierno militar. Para colmo sus columnas periódicas se publicaban en primera plana de «La Prensa», estilo que hoy en periodismo sólo mantienen «La Nación» y Ambito.

Schönfeld decía cosas tan irritantes para el régimen como que las películas que se prohibían en los cines (por caso «Calígula», en aquellos años) se proyectaban en casinos militares y se preguntaba el audaz periodista si eso es por tener mentes preparadas para no ser influenciados por lo que prohibían a la gente común.

Un día Schönfeld provocó un escándalo en el gobierno militar, quienes apoyaban a ese gobierno y prensa entregada, con un simple párrafo casi perdido en una extensa nota. Fue el 22 de febrero de 1982.

Escribió en el medio de una columna: «¿Qué hay de los jueces de instrucción, de algunos de los cuales no debe asombrar que haya llegado a correrse la voz de que cumplen su cometido sentados al lado de los torturadores?»

Hazaña

Debe pensarse que hoy 2006 es fácil y sin riesgo denunciar torturas y torturadores. Por eso hasta se exagera. Pero en aquella denuncia que un juez presencia torturas y hacerlo desde una prensa censurada era una hazaña. Pero el periodista de «La Prensa» no comía vidrios. Sabía moverse.

Comenzó a pergeñar su nota el día que recibió a un abogado Osvaldo Píccolo, que le contó las peripecias de un cliente suyo, Mutscheller, a mediados de 1981, plena dictadura. Este hombre estaba detenido en el Departamento Central de Policía a disposición de una jueza Damianovich. Fue torturado. Además supo que no era el único en una época donde torturas por política o delitos comunes era corriente. Logró oír a un hombre Cuttica que estaba procesado en la misma causa quien le contó. Cuttica no sobrevivió a los interrogatorios. Píccolo, dolorido, recurrió a la pluma respetada de Schönfeld de reputación seria para sus investigaciones. Incluyó aquel impactante párrafo mientras recogía datos que le dio un juez federal que había sido separado del cargo y una fuente que nunca quiso develar, que le aportó informes no muy precisos sobre la actuación de «una jueza» en una causa «Garay, Julio César y otros».

Las corporaciones de magistrados lo acusaron de mentir, simpatizantes del régimen hacían declaraciones contra el periodista que reproducía la prensa pro militar. Funcionarios de la dictadura se sumaban a denostarlo.

El castigo por trasponer los «límites del consenso» no tardó en llegar a lo físico con forma de manopla de hierro. Al bajar de un taxi frente a su casa, acompañado de su esposa, recibió un fuerte puñetazo en el rostro que le costó unos cuantos dientes y mucha sangre.

Los individuos desaparecieron y Schönfeld, un hombre muy excedido en peso de aspecto bonachón, demostró más energía que el mejor de los atletas: sangrando se dirigió al diario «La Prensa» para escribir la crónica de su propio atentado. No lo habían intimidado.

La agresión se produjo el 22 de junio de 1981, luego de que días antes otro periodista del diario fuera objeto de advertencias efectuadas por un funcionario gubernamental.

Horas después del atentado, tres policías sin orden judicial fueron a la redacción de «La Prensa», en el edificio de Avenida de Mayo, para que les den «todas las pruebas» de la denuncia del periodista. La forma prepotente de los presentantes irritó a los periodistas de «La Prensa». La Policía Federal desmintió que pertenecieran a su fuerza. Días después se supo que eran militantes de un «Comando-Nueva Argentina», una de las organizaciones paramilitares tipo Triple A.

En el camino que Schönfeld recorrió para hacer escuchar y potenciar su denuncia sobre las torturas, en el que sufrió muchas trabas, descalificaciones hacia su persona y amenazas, llegó la reivindicación: el 1 de julio de 1983 la jueza Laura Damianovich de Cerredo fue destituida por «mal desempeño de sus funciones e inhabilitación para ocupar otro cargo oficial». Ella había presenciado los golpes a un detenido, como escribió el periodista.

A golpes

Damianovich había recibido la indagatoria a un detenido en una comisaría, no en su juzgado porque para ella en la comisaría esas actuaciones eran más contundentes. Claro, a golpes.

Damianovich tampoco había aceptado denuncias por apremios ilegales de otros presos. Aunque esto de declarar torturas es un recurso casi diario de los delincuentes, el juez debe verificarlo, sabiendo que puede ser artilugio habitual de abogados mediocres. Contra unos detenidos Martínez Casado, González y Tortorelli, después se comprobó que confesaron en medio de sesiones de torturas. No fue fácil llegar a la condena de la jueza. El sistema y la corporación judicial acudieron a todos los medios. Schönfeld tuvo que brindar testimonios continuos en Tribunales y exponerse a más descalificaciones de organizaciones como el Foro de Estudios sobre la Administración de la Justicia, que señaló que las denuncias del periodista se basaban en un «análisis parcial y restringido».

La causa parecía perdida. El juez que la tenía a su cargo, Carlos Bourel, no sólo rechazó la afirmación de Schönfeld porque -escribió- «no hubo delito». Hasta consideró que la afirmación del periodista y la causa incoada fue «un agravio a todo el Poder Judicial».

Pero el 1 de julio de 1983 todo varió y se consideró culpable a la jueza de consentir torturas.

Shönfeld había nacido en Berlín en 1932, y de niño sus padres judíos lo trajeron a la Argentina, huyendo del nazismo.