Los productores son un parte importante dentro del sector agroalimentario de nuestro país. Sin embargo, muy a menudo no reciben la paga que deberían por su trabajo, mientras que otros eslabones de la cadena de valor obtienen más de lo que debieran. Esta situación es la que me llevó a impulsar un proyecto en el Congreso de la Nación que busca que se pague de forma equitativa. Esto, en consecuencia, va a mejorar la rentabilidad de los productos primarios y permitir que el consumidor tenga acceso a los bienes a un menor precio.
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Un ejemplo de esta situación desigual la he visto en Jáchal, San Juan, donde una bolsa de cebolla vale 25 pesos en un negocio, siendo el valor del kilo de $1,10 o $1,20, mientras que en otro negocio el kilo de cebolla cuesta $10. Claramente hay un problema que resolver, se debe dar una explicación de por qué en un comercio se quedan con cerca de $9 de más. No debería llevarse un sector el 50 por ciento de ganancia, otro el 40 y el productor el 10. Lo ideal sería, por ejemplo, que el consumidor lo pague a $6 y que el productor lo pueda vender a $3 y que en la cadena de valor el intermediario se quede con el 100%, o sea, con los $3 por kilo. Y que el precio al consumidor pase de $10 a $6.
Es necesario que esa brecha que hoy está muy alta, se achique. De este modo se van a desalentar las prácticas comerciales abusivas y desleales, propiciar la búsqueda de acuerdos de autorregulación y definir una política de Estado que posibilite el desarrollo homogéneo de los actores que integran el sector.
Los ejemplos sobran. En el caso del sector vitivinícola, por muchos años fue incrementando el precio del vino y al productor no le llegaba ninguno de esos aumentos. Hace dos años tuvieron que dejar más de 7 millones de kilos de uva en los parrales porque salía más caro la cosecha y el acarreo que el producto.
En el sector tambero pasó algo similar, tuvieron que mandar las vacas lecheras a faena porque no les convenía tenerlas. Lo que nosotros queremos es que cuando los productos se incrementen en las góndolas, les llegue un porcentaje a los productores, al industrial, al distribuidor y al comerciante.
Es sabido que el sector agroalimentario tiene un carácter vulnerable y estratégico para la economía nacional. Por eso, el mantenimiento de su actividad productiva es esencial para evitar la desaparición del tejido económico y social de nuestra población de las zonas agrarias.
Cabe señalar que la presencia de grandes grupos que concentran la distribución y la venta minorista de los productos hace que éstos tengan un poder de negociación demasiado ventajoso frente a los productores y proveedores. Por otro lado, hay que tener en cuenta que nos encontramos frente a un mercado mundial menos regulado y menos protegido, al que debemos agregar una relación totalmente asimétrica entre el sector de la distribución, el agroindustrial y el de los productores primarios.
Por supuesto que desde el ministerio de Producción nacional se está trabajando para poder achicar esa brecha. Pero desde el Congreso también debemos sumar aportando leyes o pedidos de comunicación para ver cómo incentivamos el trabajo sobre la cadena de valores, que son muy importantes para las economías regionales; y no hay que olvidar que ellas son las que más trabajo generan de la mano de las PyMEs.
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