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Esta reforma, bajo el amparo de esa pretendida "democratización de la justicia", lo único que pretende es que el Poder Judicial sea una garantía, un apéndice más del Poder Ejecutivo. Sin embargo, bajo el mando de palabras con la que no se puede disentir, como "democratización de la justicia" o "garantizar la pluralidad de opiniones", después de la Ley de Medios lo que hay es una concentración de medios en manos del Poder Ejecutivo.
En primer lugar la Presidente es una mentirosa incorregible. Un ejemplo de las mentiras que dijo en la presentación de los proyectos es sobre el ocultamiento de las sentencias, de que se deben publicar en una página en Internet, cuando todas las sentencias de la Corte Suprema y las resoluciones de los Tribunales se pueden buscar en la página del Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte.
La elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura es un disparate, notoriamente inconstitucional frente al artículo 114 de la Constitución. Ese artículo diferencia claramente los órganos resultantes de la elección popular de los estamentos judiciales o abogadiles. No prevé una elección de ese tipo, es más, está en contra de la elección popular, que además trae un inconveniente gravísimo: la politización de la Justicia.
El Poder Judicial es precisamente un contrapoder, que funciona para garantizar los derechos de los ciudadanos frente al poder omnímodo del Estado. Con esta reforma, esto se pierde definitivamente. Cuando la Presidente propició la reforma del Consejo de la Magistratura siendo legisladora, dijo que era "elefantiásico" ese cuerpo y que había que reducir la cantidad de miembros, y ahora resulta que los aumenta de 13 a 19.
El proyecto sobre las medidas cautelares es otra tremenda mentira. Ha habido solamente dos medidas cautelares que le han molestado a la Presidente: la de la Ley de Medios y la de la Sociedad Rural. Las medidas cautelares se utilizan cuando el ciudadano se siente desprotegido frente al poder del Estado. A lo único que tienden es a asegurar, cuando prima facie aparece un derecho razonable, que la ejecución de la sentencia no se torne ilusoria, y esta situación desaparece con la reforma.
Otro punto es la democratización de la posibilidad de ingreso al Poder Judicial, que considero muy buena, pero que también debería realizarse en el Poder Ejecutivo. La Cámpora se ha adueñado de Aerolíneas Argentinas con sueldos de entre $ 30.000 y $ 40.000.
La creación de las Cámaras de Casación lo único que logra es una instancia más para demorar los juicios. Esto se contradice con el dictado de la ley que facilita el per saltum para abreviar el tramo judicial y saltar directamente de la Cámara a la Corte, y crea un órgano intermedio, que ahora va a dificultar mucho más el acceso al máximo Tribunal. Además, sin perjuicio de que tenemos un elefantiásico aparato de administración en el orden nacional, se va generar un gasto increíble con la creación de tres Cámaras de Casación y sus empleados. Es aumentar los gastos del Estado en función de un capricho personal.
La reforma judicial tiene una motivación muy clara: los juicios de los jubilados. El Gobierno está esperando que se mueran los jubilados para no pagar los ajustes previsionales.
De todas maneras, el Parlamento, que es un apéndice del Ejecutivo, lo va a aprobar, como adelantó Aníbal Fernández, sin ninguna corrección. ¿Y después hablan de debate? No hay ningún debate, el Congreso es una escribanía del Gobierno. Realmente los legisladores del oficialismo no se tienen respeto a sí mismos, y por eso no merecen ningún tipo de respeto. Son sirvientes del Poder Ejecutivos y no parlamentarios. Y hay algo más grave, como lo señaló con mucho acierto la diputada Graciela Camaño: "No piensan en lo que dejan para el futuro". Las leyes quedan y el próximo Gobierno que venga, de cualquier signo político, se va a querer valer de esas leyes que benefician al Poder Ejecutivo. Aunque no les importa ahora, si algún día el oficialismo llega a ser opositor, lo van a sufrir ellos.
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