Uruguay: Tabaré Vázquez relevó al jefe del Ejército por reunirse con el ex presidente Sanguinetti

El presidente uruguayo Tabaré Vázquez destituyó al comandante del Ejército Carlos Díaz, luego que se reuniera con dirigentes políticos opositores y cuando hay nerviosismo en el ámbito castrense por el proceso a ex militares por violaciones de derechos humanos en la dictadura.

"Se procedió a relevar de su cargo como Comandante en Jefe del Ejército al Sr. Teniente General Don Carlos Díaz" debido a "las reuniones que (...) mantuvo y programó con altos dirigentes políticos sin poner en conocimiento previo al Mando Superior", informó un comunicado del Ministerio de Defensa, que agrega que el cargo será cubierto "interinamente" por el general Manuel Saavedra.

El relevo de Díaz se produce luego de que ocho ex efectivos militares y policiales fueron procesados con prisión en setiembre pasado por la desaparición de Adalberto Soba en 1976 en Buenos Aires.

Un noveno militar, el coronel retirado Juan Antonio Rodríguez Buratti, se suicidó de un balazo en la cabeza antes de ser procesado en el mismo caso.

En tanto, la justicia tramita pedidos de extradición de Argentina contra estos y otros militares por violaciones a los derechos humanos en el marco del Plan Cóndor, que coordinó la represión entre las dictaduras de la región. La uruguaya fue entre 1973 y 1985.

Con ese telón de fondo, Díaz sostuvo el miércoles una reunión con el ex presidente Julio Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), del opositor Partido Colorado, su ex ministro de Defensa, Yamandú Fau, así como los generales Pedro Aguerre y Miguel Dalmao.

Tanto Dalmao como Aguerre fueron sometidos a cinco días de arresto, dijeron fuentes militares.

Sanguinetti declaró tras la destitución que "lamentamos el episodio" porque "el ejército pierde un muy buen comandante y el gobierno pierde un leal colaborador".

Calificó el hecho de "una reunión de camaradería" y mostró preocupación por que el presidente imponga "un régimen" en el que se genere "una especie de conflicto" al momento que "todo funcionario civil o militar hable con cualquiera de nosotros, de la oposición".

Un participante militar de la reunión dijo a la AFP que el encuentro fue realizado "en aras de afirmar el pacto social que todos los uruguayos nos merecemos" y señaló que "los militares somos los más castigados y tenemos que seguir defendiéndonos de cosas que pasaron hace 30 años".

Indicó que la reunión se realizó a propuesta del general Aguerre, quien también la coordinó, "con el propósito de ir sumando voluntades. Ha sido demasiado sufrimiento para todos, tenemos con qué responder si nos siguen acusando".

Explicó que "esto quiere decir que tenemos nuestros argumentos para cuando nos presentemos ante los juzgados, argumentaciones y pruebas elocuentes, de que muchas acusaciones que se nos hacen no obedecen a la realidad", aunque reconoció que "no tenemos la patente de inocencia plena".

En la reunión "comimos en paz y armonía, pergeniando cursos de acción para salir de estos temas que tienen empantanada la sociedad", relató, al tiempo que indicó que "la sociedad uruguaya necesita un baño de realidad, no vivir entre rencores y odio".

El Semanario Búsqueda, que este jueves informó de la reunión, indicó que el ahora ex comandante también ha invitado al senador Jorge Larrañaga, líder del Partido Nacional, principal de oposición, y al ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995), también de esa colectividad política.

El presidente Vázquez prometió al asumir el gobierno el 1 de marzo de 2005 investigar el destino de los desaparecidos durante la dictadura en el marco de la Ley de Caducidad, que evitó juzgar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y que fue ratificada por la ciudadanía en 1989.

Entre otras cosas, el mandatario pidió a las Fuerzas Armadas informes de enterramientos clandestinos y ordenó excavaciones en predios militares y privados, sin mayores resultados, lo que, según investigaciones periodísticas dio pie al gobierno para habilitar los procesos contra los militares, al excluirlos de la Ley de Caducidad.

Una Comisión para la Paz concluyó que la dictadura dejó 38 desaparecidos, 26 de los cuales se constató que fueron asesinados.