Polémica en juicio Vialidad: cajas con 1.500 kilos de documentación no se custodiaron

Política

Testigo ratificó interés de Macri en rescindir contratos de Báez con dictámenes técnicos exprés en los inicios de su Gobierno. Pero aseguró que aportó a la fiscalía papeles relevantes que quedaron expuestos y ahora pretenden incorporarse al debate como prueba.

Un exfuncionario de la Administración Provincial de Vialidad de Santa Cruz dejó asentado el interés específico que hubo al inicio del gobierno de Mauricio Macri en la revisión de los contratos que tenía Austral Construcciones para obras viales en esa provincia patagónica. El exdirector de Asuntos Legales de esa dependencia entre 2016 y 2019, Sergio Luís Macagno declaró que en menos de una semana debió elaborar veinte dictámenes a partir de los cuales se justificó la baja de esa cantidad de obras. “Fueron tiempos muy difíciles”, recordó el testigo al describir el interés que había sobre los contratos con Lázaro Báez y la celeridad que debió imprimir a su trabajo. También se desató una polémica por 1.500 kilos de papeles que el testigo debió llevar a Buenos Aires a pedido de la fiscalía y por prueba documental cuya custodia y trazabilidad no fue garantizada. “Quedaron las cajas abiertas y apoyadas en dos sillas”, dijo.

En una declaración que se extendió por más de cuatro horas, el testigo propuesto por la fiscalía reveló que el jueves 11 de febrero de 2016 le solicitaron la intervención en una veintena de expedientes sobre obras otorgadas a la empresa de Báez. Según dijo, al otro día -viernes 12- dictaminó sobre dos de ellos y los otros dieciocho los resolvió en cuatro días hábiles. Con ese nivel de celeridad, en los primeros meses de la gestión Cambiemos se rescindieron esos veinte contratos de trabajos que estaban en ejecución, pero que no habían finalizado.

En su momento, los argumentos del abogado para dictaminar en contra de la continuidad de los contratos se centraron en el “incumplimiento de tiempos previstos en los pliegos” y de “responsabilidades fiscales en cuanto a los trabajadores” y en que la empresa “había prescindido de una masa importante de trabajadores, lo que podía poner en riesgo la continuidad de las obras”. Por teleconferencia desde Río Gallegos, ante la pregunta de las defensas Macagno dijo no recordar los detalles de dichos dictámenes. Al mismo tiempo aclaró que no eran vinculantes pero que se trataba de actos administrativos que Vialidad estaba obligada a incorporar antes de definir la continuidad o no de los convenios.

¿Cuáles fueron las motivaciones técnicas que derivaron en la baja de los veinte contratos?, interrogaron al testigo. “Uno puede escuchar muchas cosas. Pero entiendo que en cada expediente debería estar ese informe técnico. Yo no puedo abordar las cuestiones técnicas como podría hacerlo un ingeniero”, respondió Macagno. “¿Había deudas de Validad con Austral Construcciones?: “No lo tengo establecido como para dar una respuesta fidedigna a su pregunta”.

Toda esa documentación luego fue requerida por el fiscal de instrucción Gerardo Pollicita, quien la utilizó para fundamentar parte de su acusación. Pero el interrogante que plantearon las defensas está centrado en que los eventuales inclumplimientos contractuales se resuelven de esa manera, rescindiendo los acuerdos y en el marco de decisiones administrativas. Pero que no implican un delito penal. De hecho, la orden para realizar los estudios legales sobre el avance de las obras, por una cuestión de competencias, fue impartida por el propio titular de la AGVP de Santa Cruz, Francisco Anglesio, designado por la gobernadora Alicia Kirchner.

“¿En algunas de las licitaciones competían empresas del mismo grupo empresarial?”, preguntó la fiscalía. “No tengo conocimiento de cómo pueden estar compuestos los holdings. Como ciudadano argentino vi que en los medios de prensa se dijo mucho sobre eso. Pero me excede. No puedo explayarme si quiero hacer honor a la verdad. Estaría especulando”, respondió el testigo.

Un “topo”, presente

La declaración del exfuncionario se detuvo por un momento cuando habló de trescientas cajas azules con más de 1.500 kilos de documentación, que –dijo- él mismo tuvo que llevar a Comodoro Py a pedido de los investigadores. Según detalló, la entrega de los papeles la hizo él personalmente al secretario del fiscal Pollicita, Martín Monedero. Fue con quien –reconoció el exfuncionario- tuvo varios contactos durante la instrucción. Esta relación con la fiscalía que parecía aceitada fue la que buscaron poner en evidencia las defensas, quienes apuntaron a demostrar un plan persecutorio acordado entre el gobierno macristas y los tribunales de Retiro.

El dato que no pasó desapercibido es que Monedero -el secretario de Pollicita- se suma habitualmente al Zoom de cada una de las audiencias del juicio oral, lo que demuestra una preocupación específica de la oficina de Pollicita en el devenir del debate. Tal como viene consignado Ámbito, con el correr de las audiencias, la acusación pierde cada vez más fuerza con la sucesión de los testimonios que no pueden acreditar las supuestas maniobras de direccionamiento.

Los abogados defensores cuestionaron la introducción del contenido de las “cajas azules” en el debate por parte del fiscal Diego Luciani, ya que esa prueba no está incorporada al juicio, sino que aún está siendo analizada en otro tramo del expediente que se encuentra en etapa de instrucción. Sin embargo, el Tribunal no hizo lugar a los planteos, que apuntaron que ese material no les fue exhibido a los imputados durante las indagatorias, por lo que no podían defenderse de prueba que desconocen.

Al mismo tiempo, Macagno se refirió al traslado de parte de los expedientes elaborados por él y que se incorporaron como prueba a la causa. Según reconoció, no se cumplió con la “trazabilidad” cuando los llevó a Vialidad Nacional, a cargo entonces de Javier Iguacel. “Quedaron las cajas abiertas y apoyadas en dos sillas”, dijo, con tono de preocupación.

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