Como si advirtiera una conspiración -al menos para los legos en la materia-, Néstor Kirchner aludió ayer al tema de la rebelión en Las Heras y dijo que «no era raro lo que había pasado». Lo sostuvo en una breve alocución dominada por la serenidad, casi un hallazgo frente a otras expresiones características de mayor energía oral. Disponía el mandatario de una información privilegiada, en apariencia, al menos no común en el periodismo capitalino (el que con cierta facilidad interpretó esas palabras con la fantasía de intereses creados y multinacionales como si se tratara de una cuestión de precios). Sí, en cambio, podían coincidir con el juicio presidencial quienes siguen de vieja data la cuestión sindical en la provincia de Santa Cruz, a menudo sacudida por reacciones sociales de todo tipo (recordar que hasta hace pocos meses hubo huelga de la propia Policía, desde hace 30 días hay problemas de abastecimiento de gas licuado y petróleo por cortes y ocupaciones, el propio Kirchner -dicen- el domingo pasado no asistió a la fiesta de Los Antiguos para no enfrentar piquetes en los caminos).
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Allí, entonces, desde hace una década, el ahora Presidente mantiene un duro conflicto con sectores de izquierda, más bien de origen trotskista, caracterizado por sucesivas y nutridas refriegas, expulsiones, denuncias, manifestaciones violentas y represiones correspondientes ( hasta se recuerda como anécdota a un actual ministro interviniendo para neutralizar una protesta no precisamente en forma pacífica). Casi siempre, estos pleitos merodearon los alrededores de un solo gremio, el de petroleros privados.
Por allí siempre ha pasado la cuestión, tal vez porque desde ese sector se producen los mayores ingresos a la provincia. Los activistas de izquierda, que siempre han perdido las elecciones gremiales, suelen atribuir al gobierno su marginación. Y no se equivocan, al menos, en asimilar al sindicato con el kirchnerismo: sus hombres ingresan sin trabas a la Casa de Gobierno (ayer se entrevistaron Kirchner y el secretario general, Héctor Segovia, cuyo cuñado también fue asesinado en la víspera y arrojado a un zanjón), el senador preferido del Presidente (Nicolás Fernández) es asesor legal del gremio y, quien dominó la asociación hasta guerrear con Segovia, el hoy diputado oficialista José Córdoba (ex intendente de Caleta Olivia en tres oportunidades) mantiene la verticalidad oficialista a pesar del repudio de la conducción actual del gremio.
Por si estas citas no son suficientes, el grado de confianza es tal que, el año pasado, cuando la CGT iba a concurrir a la OIT, desde el gobierno se impulsó el envío de una delegación más sosegada y con más rango protagonizada en exclusividad por el sindicato de petroleros privados. Más datos: fue esta organización -de un crecimiento formidable a costa de otros gremios colegas, algo así como el pacman de camioneros con los mercantiles en Capital Federal y Gran Buenos Aires- la que avaló la propuesta del gobierno para mantener el mínimo no imponible de Ganancias (ver nota aparte) a costa del reclamo de otros sindicatos y de algunos dirigentes peronistas.
Ha sido este punto, como se sabe, la matriz de los luctuosos episodios de anteayer, aunque el desenlace reconoce viejos antecedentes sin saldar y otras internas provinciales (desde la dudosa buena relación entre el Presidente y su gobernador, Sergio Acevedo, hasta la hostilidad de los petroleros santacruceños con los de Neuquén, encabezados por un prominente allegado al gobernador Jorge Sobisch). Es posible que para los incidentes, el activismo trotskista haya logrado reclutar voluntades para reclamar por el Impuesto a las Ganancias -lo cual, graciosamente, viene a ser una curiosidad para la ideología marxista- en Las Heras. Y que esa protesta se convirtiera en pueblada: finalmente, hace años que trabajan en las bases contra la Administración.
O, como deben sospechar Kirchner y algunos otros entendidos, estos núcleos de izquierda en rigor se concentraron en ese sitio con pretensiones de desorden, montando una logística que desató su furia cuando se detuvo a un dirigente cercano por expresionesde queja en una radio (al cual, por otra parte, casi sin explicaciones, la propia policía finalmente liberó debido a la presión de las hordas, un fenómeno de notable inseguridad en la provincia). A esta presunta maquinación de epílogo violento, cargado de venganzas, debió referirse el Presidente.
Sea una u otra la razón, lo cierto es que la pretensión de los activistas reconoce una causa económica a la que adhieren otras organizaciones gremiales en el país (interesadas en preservar el ingreso de sus cuadros altos) y, con alguna timidez, la propia CGT que preside Hugo Moyano (quien lanzó el reclamo y luego sorprendentemente enmudeció como los petroleros privados de Santa Cruz). «Conseguimos el aumento, firmamos la paritaria, pero la plata se la lleva la AFIP», es la común reflexión de los sindicalistas. Tema nada sencillo, al menos para el gobierno -la ministra Felisa Miceli ya reconoció que no tiene idea de cómo resolverlo-, un reclamo que tiende a propagarse, aunque nadie imagina que esa demanda se acople a la furia asesina de los activistas en Las Heras. Ese tema de la violencia atañe, por el momento, a un fenómeno gremial y político de ciertos sectores de la provincia, subterráneo hasta ahora en el orden nacional y que lo viene a descubrir con su muerte el oficial Sayago.
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