La protesta gremial de ayer que culminó, casi previsiblemente, con la fatalidad de un crimen (las dudas sobre otro) y numerosos heridos de bala recuerda otros episodios en los cuales el gobierno no fue víctima sino victimario. Ahora le tocó anotar su primer muerto en la Administración, como Fernando de la Rúa o Eduardo Duhalde.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
¿O acaso hay alguna diferencia entre la violenta batahola de anoche en Las Heras con la que protagonizó Luis D'Elía en una comisaría de La Boca? Hecho funesto, por el cual, singularmente la Justicia parece haberse distraído y D'Elía premiado para un cargo público. Entonces, no hubo balazos ni pérdidas humanas sólo por casualidad. Los del Partido Obrero del sur, en esta ocasión, sólo copiaron métodos que a otras organizaciones piqueteras o sociales les permitieron el favor oficial y la sinecura pública. Por la presión o la intimidación, se convirtieron en asociaciones protectoras del mismo gobierno.
Entonces, no hay que quejarse de las consecuencias del veneno si uno lo reparte sin límites.
Al margen de réplicas puntuales, vale recordar que también hubo otros incidentes que estuvieron en la misma línea de intolerancia, con el guiño oficial, que significó la presencia de piqueteros violentos frente a compañías petroleras o supermercados en la Capital Federal. No hubo refriegas ni culminaciones trágicas, es cierto, pero nadie sabe aún cuál fue la sutil línea que impidió un desenlace grave. Hoy, la única diferencia es que los movilizados contra la comisaría en Las Heras provenían de la izquierda, del trotskismo -como jura el gobierno casi con categoría maccarthista-, aunque en Santa Cruz deberían inquietarse si el dato fuera cierto: la manifestación resultó demasiado densa y poblada, al menos para el lugar y, como se sabe, esa no es una cualidad en la que se destaquen esas organizaciones minoritarias. Más que señalar o marcar políticamente, lo prudente sería reconocer que los asesinos no son de izquierda ni de derecha, son simplemente asesinos. Para el gobierno -al margen de la revuelta sindical iniciada, de que ocurra en un gremio que manejaba el cuñado del Presidente, «Bombón» Mercado, de la queja por el mínimo no imponible que afecta determinados salarios, de los encuadramientos gremiales y de que el crimen se produzca en la propia cuna presidencial-, la muerte del policía significa un revés a su propia política de seguridad. ¿Habrá llegado la hora de revisarla? Si fuera por las palabras que se escuchan del ministro del Interior, Aníbal Fernández, o del propio gobernador Sergio Acevedo (formado en colegios militares), por no hablar de otras expresiones más fuertes, hay desconcierto en ellos por lo que ocurrió y sus gestiones no supieron contener. Claro, ninguno asumirá el fracaso personal o de la propia Administración, siempre será más sencillo invocar la locura como responsable, el extremismo político, la alienación. Pero en la intimidad esa excusa no existe.
Tal vez se medite también sobre otra realidad: en los últimos años se ha convertido en héroes a quienes en décadas pasadas entre otras violencias y banderas se dedicaban a matar policías, jefes, cabos o agentes, casi sin distinción. Sin advertirlo hoy se instaló un culto de esas manifestaciones contra el orden amparadas en la necesidad de rescatar la memoria de quienes el Estado, cruelmente, segó luego con la desaparición y la tortura. Por lo tanto, sin dejar ninguna convicción en las escalinatas de la Casa de Gobierno, simplemente para semejarse a cualquier país desarrollado, en materia de seguridad quizás se plantee la corrección de métodos y hasta de cierto pensamiento. Por lo pronto, la primera medida fue enviar más tropas por una eventual represión y, sin duda, a éstas no les quitarán las armas como al oficial Sayago que ayer fue ultimado salvajemente.
Dejá tu comentario