Votarán más recompensas para quienes delaten a represores

Estela de Carlotto

La Cámara de Diputados aprobará mañana el tratamiento en el recinto de un paquete de cinco proyectos de ley presentado por Cristina de Kirchner para crear un fondo de recompensas por cinco millones de pesos y agilizar el juzgamiento de causas penales.

Si bien estas iniciativas buscan una mayor celeridad en el dictado de sentencias penales, la tendencia del kirchnerismo de controlar a la Justicia a través de la polémica reforma del Consejo de la Magistratura, y a desoír incluso a la Corte Suprema, como ocurrió con el fallo que avaló el ingreso de Luis Patti al Congreso, preocupan a algunos constitucionalistas.

Derechos vulnerados

«La celeridad es un aspecto positivo porque una Justicia lenta no es justa. Pero hay que advertir que muchas veces para justificar su rápido accionar se vulneran derechos esenciales como la libertad», explicó Jorge Vanossi.

La advertencia del ex diputado de PRO apunta tácitamente a expresiones como las del ex presidente Néstor Kirchner quien en un acto en Ezeiza había pedido que «Patti demuestre que es inocente», en un grosera violación al principio constitucional de presunción de inocencia.

El primero de los proyectosque obtendrá dictamen favorable en el reunión plenaria de las comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos será la creación de un fondo de recompensas de cinco millones de pesos y de una «unidad especial para la búsqueda de personas ordenada por la Justicia», con otros dos millones de pesos de presupuesto, todo en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad que comanda Aníbal Fernández.

Virtual admisión de la incapacidad del Estado para combatir la inseguridad, el proyecto recurre a tentar con dinero a ciudadanos comunes para poder dar con el paradero de prófugos de la Justicia. La iniciativa fue respaldada por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; la diputada de Encuentro Social y Popular, Victoria Donda Pérez y el legislador porteño Juan Cabandié.

Entre otras cuestiones, el proyecto establece recompensas para personas que puedan aportar datos sobre causas o prófugos de la Justicia y contempla recursos económicos para las recompensas, a la vez que se crea una unidad para la búsqueda de acusados de violaciones a los derechos humanos. La experiencia piloto de ofrecer sumas millonarias a cambio de información no le dio resultado al kirchnerismo, al menos en el caso de la desaparición de Julio López, testigo clave en el juicio a Miguel Etchecolatz.

Casación

Pero el kirchnerismo esperaaprobar también otro proyecto del Poder Ejecutivo que establece la creación de la Cámara de Casación Nacional, que tendrá jurisdicción en materia penal sobre los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires gobernada por Mauricio Macri. Si bien la Capital Federal y la Nación acordaron una transferencia parcial de competencias en materia penal para juzgar delitos menores, la creación de esta Cámara podría genera un cortocircuito en el proyecto macrista para dotar a la Ciudad de una policía porteña.

El mismo martes, a las 16, los diputados se abocarán, además, al debate en la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, que preside la kirchnerista Nora César, de un proyecto que apunta a reformar el Código Procesal Penal para agilizar las actuaciones procesales en el ámbito penal. «Se reformará el artículo 346 del Código de Procedimiento Penal para que los recursos no impidan la elevación a juicio de las causas penales», había adelantado Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico de la Presidencia, al presentar el paquete de proyectos el 27 de marzo pasado.

Otra de las cuestiones en las que la Cámara baja busca avanzar además en las próximas semanas es en el establecimiento de la oralidad de los recursos para acotar los tiempos de la Justicia. Por último, otra iniciativa que los diputados aspiran tratar con celeridad es el proyecto que establece la subrogancia para los tribunales orales federales, tras el ultimátum de la Corte Suprema de Justicia que vence el 23 de mayo.

Para la kirchnerista César, estas normas son «una respuesta concreta en esta Argentina donde los ciudadanos decidieron en octubre de 2007 profundizar los cambios y optimizar el funcionamiento de las instituciones y poderes de la República».