Vuelos de la muerte: Julio Poch aceptó ser extraditado al país
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Julio Poch.
El ex militar, con doble nacionalidad argentino-holandesa, trabajaba como comandante de avión de la aerolínea comercial neerlandesa Transavia, propiedad del consorcio Air France-KLM, y fue arrestado el pasado 22 de septiembre durante una escala de 40 minutos en el aeropuerto de Manises-Valencia, antes de regresar a Amsterdam, Holanda.
El juez federal argentino Sergio Torres lo reclama por su presunta responsabilidad derivada de su actuación como aviador naval con base en la ESMA en relación a cuatro procesos penales en los que hay más de 1.000 víctimas.
El piloto habría participado en los "vuelos de la muerte" ocurridos durante la última dictadura militar argentina, en los que miles de detenidos-desaparecidos fueron arrojados vivos y drogados al mar o al Río de la Plata desde aviones militares.
La investigación del juez Torres reúne el testimonio de un compañero de Poch en la aerolínea Transavia al que el ex militar narró cómo se arrojaba a personas al mar desde aviones y justificó ese método de exterminio empleado por la dictadura.
"Me malinterpretaron", manifestó Poch respecto a la denuncia de su compañero.
El juez Torres había pedido a Holanda la extradición de Poch en 2008, pero el ex militar fue detenido casi un año después en España, durante una escala de su último vuelo antes de jubilarse.
"Soy un detenido político. Holanda quiso deshacerse de un ciudadano sin darle la oportunidad de defenderse por razones políticas", añadió.
"Llevo cuatro meses detenido injustamente, encerrado con presos comunes como si fuera un criminal", continúo el ex militar hasta que el presidente del tribunal, Angel Hurtado, interrumpió sus lamentos y le pidió que limitara su opinión al trámite de extradición.
"Todo ha sido una jugada política", insistió Poch, mientras su abogado, Ignacio Peláez, denunció que su cliente fue detenido en "claro fraude de ley".
Según explicó el letrado, Holanda evitó aplicar el convenio que impide la entrega de sus nacionales a otros países para no causar problemas a la princesa de Holanda, Máxima Zorreguieta, de origen argentino.
En el mismo sentido, la esposa del ex militar, Elsa Margarita Nyborg, dijo en la puerta del tribunal que el caso es "una maniobra de distracción para que la población argentina se distraiga de los verdaderos problemas económicos".
La extradición de Poch cuenta con el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que todo indica que el juez tomará una decisión favorable a la entrega en los próximos días.
Al apoyar la extradición de Poch, el fiscal Miguel Angel Carballo, expresó que en virtud del principio de territorialidad corresponde a Argentina juzgarlo puesto que "fue allí donde se produjeron los hechos", y "no consta que España haya abierto un procedimiento por la misma causa".
El procurador defendió asimismo su decisión recordando que Argentina ha derogado las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, al tiempo que negó que la justicia argentina actúe con una "motivación política".
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