La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas sumó este lunes un nuevo capítulo judicial. La causa, que quedó radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas, pone bajo análisis los préstamos concedidos a dirigentes vinculados al oficialismo, luego de que trascendiera una nómina con montos millonarios y beneficiarios de distintas áreas del Gobierno.
6 de abril 2026 - 13:51
Polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación: quiénes son los funcionarios y legisladores que los recibieron
La lista incluye a integrantes del equipo económico, diputados libertarios y funcionarios de distintas áreas del Gobierno. La difusión de los préstamos derivó en denuncias judiciales y pedidos de informes en el Congreso.
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El exjefe Gabinete de Sandra Pettovello sobre el préstamo por $420 millones: "Accedí a un crédito cumpliendo con todos los requisitos"
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Dos denuncias penales por los créditos del Banco Nación complican al Gobierno
Varios funcionarios splocotaron créditos hipotecarios en el Banco Nación.
Entre los nombres que figuran en la lista aparecen Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro de Economía, con una deuda cercana a los $373 millones; Federico Furiase, secretario de Finanzas, con alrededor de $367 millones; y Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con un crédito que supera los $500 millones. También fueron señalados Juan Pablo Carreira, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial; el diputado libertario Santiago Santurio; Sharif Menem, funcionario en la Cámara baja; y Guillermo Madero, jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa.
La nómina además alcanza a otros dirigentes de La Libertad Avanza, entre ellos los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, así como también a Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF. Desde el oficialismo sostienen que los créditos fueron otorgados bajo las mismas condiciones disponibles para cualquier cliente que cumpliera con los requisitos, mientras que la oposición reclama revisar las carpetas crediticias, los tiempos de aprobación y las garantías presentadas.
En paralelo, la controversia ya tuvo impacto interno. La salida de Leandro Massaccesi del Ministerio de Capital Humano, luego de que trascendiera que también había accedido a uno de estos préstamos, reavivó la discusión sobre los criterios aplicados dentro del Gobierno. Mientras la Casa Rosada insiste en que no hubo privilegios, la investigación judicial buscará determinar si existieron irregularidades o trato preferencial en el otorgamiento de los créditos
Dos denuncias penales por los créditos del Banco Nación complican al Gobierno
El Gobierno comenzó a delinear su estrategia judicial frente a las denuncias presentadas por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo. Tras el ingreso de dos presentaciones penales en Comodoro Py, que quedaron radicadas en los juzgados de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti, en la Casa Rosada y en la entidad financiera trabajan en una respuesta formal que será elevada a la Justicia en las próximas horas.
La primera denuncia fue presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y recayó por sorteo en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Está dirigida principalmente contra Daniel Tillard, ex presidente del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras del Banco Central. La acusación pone el foco en posibles delitos como administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
La segunda denuncia fue impulsada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, junto con el diputado socialista Esteban Paulón, y quedó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. Esta presentación es más amplia porque, además de incluir a Tillard, incorpora a varios de los beneficiarios de los créditos, entre ellos Federico Furiase, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y legisladores libertarios como Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni. El eje está en determinar si hubo trato preferencial, conflicto de intereses o condiciones especiales en el otorgamiento de los préstamos
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