Diputados debatirán el miércoles la ley de emergencia agropecuaria.
Agosto será un mes clave en el escenario parlamentario y en el futuro del Gobierno. El Congreso resolverá cuestiones clave, como lo son las facultades delegadas.
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Estas normas, más de 1900, son facultades que el Parlamento entrega al Ejecutivo, entre las que se cuentan la capacidad de fijar retenciones a las exportaciones.
La Cámara de Diputados sesionará el miércoles para tratar proyectos vinculados al sector agropecuario, entre los que se encuentran la declaración de la emergencia para el sector y otro para la promoción de la producción de la industria lechera.
De esta manera, la Cámara baja -que se reunió el pasado 20 de mayo por última vez- volvería a sesionar después de dos meses inactividad, como consecuencia del proceso electoral primero, las medidas preventivas por la gripe A y el habitual receso invernal.
Para que estos dos proyectos lleguen al recinto, la comisión de Agricultura (en el segundo de los temas en conjunto con Comercio y Presupuesto) de la Cámara baja intentará definir en una reunión prevista para el martes a las 16 los últimos detalles en la redacción de las iniciativas.
El presidente de la comisión Agricultura, Alberto Cantero (Frente para la Victoria), manifestó su confianza en que se pueda llegar a un acuerdo para llevar el tema al recinto un día después con un dictamen que se conseguiría el mismo martes, que permitiría debatir sobre tablas los dos proyectos.
La semana pasada la comisión de Agricultura retomó el análisis del proyecto que había iniciado el año pasado e intentó acercar posiciones entre oposición y el oficialismo sobre el principal motivo de diferencias que genera la iniciativa: el monto del fondo de ayuda a las zonas que se declaren en emergencia.
Fuentes parlamentarias estimaron que, en caso de que no se llegue a un acuerdo, el plenario de comisiones emitirá dictamen sin fijar el monto, y dejará que el mismo sea definido en el recinto por la totalidad del cuerpo.
Por su parte, el Senado de la Nación buscará sesionar esta semana para debatir un proyecto que autoriza al Estado a adquirir acciones de la firma Lockheed Martin Aircraft Argentina SA, concesionaria de la ex fábrica militar de aviones también conocida como "Area Material Córdoba".
El proyecto, que cuenta con la sanción de Diputados, fue defendido la semana pasada por la ministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré, en una reunión conjunta de la Comisión de Defensa y de la de Presupuesto y Hacienda de la cámara alta.
Allí, los senadores oficialistas firmaron el dictamen de mayoría, mientras que la oposición radical presentó uno de minoría aunque anunció formalmente que apoyará el proyecto cuando sea votado en general en el recinto.
Al defender el proyecto, Garré informó a los senadores sobre los objetivos de la recuperación de la ex Fábrica Militar de Aviones, concesionada a la Lockheed desde 1995 y fundamentó la modalidad propuesta para su retorno al Estado.
"La fábrica tuvo en estos años un desempeño muy mediocre y pretendemos que a partir de la recuperación por parte del Estado vuelva a protagonizar los logros de otras épocas", subrayó la ministra.
Garré también reconoció que antes de tomar la decisión de adquirir las acciones de la firma habían sido exploradas todas las causales contempladas en la "cláusula de rescate", entre ellas el incumplimiento de alguna obligación "sustancial", ninguna de las cuales se había configurado.
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