Vuelven pensiones, pero no como antes

Alicia Kirchner

Llama la atención que algunos medios se hayan abocado durante el fin de semana a recordar que desde este año los diputados y senadores tienen la disponibilidad de otorgar nuevamente las famosas y criticadas pensiones graciables. Esa facultad fue tratada durante el debate del Presupuesto Nacional 2005, cuando se hizo un nuevo intento de restaurar las pensiones graciables que otorgaba el Parlamento que habían sido eliminadas en 2001. De hecho, no fue ése el único instrumento de campaña que se les quitó a los legisladores ya que también entraron en la lista los subsidios y las becas que otorgaba el Congreso. Pero finalmente los diputados se tuvieron que contentar con la renovación de todo el stock de pensiones que ya fueron otorgadas y vencen cada 10 años, y la posibilidad -aún no concretada-que el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner, derive algunos de los beneficios especiales con que cuenta para ser entregados por el Congreso. Pero formalmente, hasta ahora, los diputados y senadores siguen sin poder entregar pensiones.

La pelea entre el Congreso y el Ejecutivo por el control de las pensiones graciables en el sistema de acción social argentino llegó a derivar en una guerra no sólo por el otorgamiento de nuevos beneficios, sino también porque desde el gobierno se intentó en varias ocasiones -y en una de ellas se logró- no renovar más las que fueron venciendo cada período y que tienen una vigencia de diez años.

El round más recordado en la discusión por el otorgamiento de pensiones fue el que mantuvieron el diputado peronista santafesino Oscar Lamberto y Estela Luna, funcionaria del Ejecutivo a cargo del control de pensiones y jubilaciones en el gobierno de Fernando de la Rúa.

• Auditoría

Luna fue la primera que sostuvo la imposibilidad de mantener el sistema de pensiones graciables en el Congreso, al punto de llevar adelante una auditoría y dar de baja una cantidad importante. Incluso, sostuvo que constitucionalmente no correspondía que el Parlamento tuviera esa facultad previsional. La pelea no duró demasiado: ya en el primer año del gobierno radical se decidió cortar el cupo de pensiones que otorgaba el Congreso.

En la vereda de enfrente comenzó a sostenerse que, ante la falta de asignación de esos beneficios por el Congreso, las pensiones sólo se otorgaban por funcionarios del gobierno y en las grandes ciudades: «Desde que el Congreso no las otorga al interior no llega una pensión», se quejaba Lamberto.

Con la llegada de la crisis económica y la devaluación, la situación no cambió. Eduardo Duhalde mantuvo la misma política que De la Rúa, y sólo se procedió a renovar las pensiones otorgadas que vencían, estableciendo un esquema de límites por el que no podía acumularse a otros beneficios, ni superar en total los $ 300.

Por eso es que ese cupo actual de $ 3.000 mensuales para que cada legislador distribuya pensiones graciables, sólo operará si avanza el acuerdo con el ministerio de Alicia Kirchner para que Desarrollo Social las entregue a quienes pidan los diputados y senadores.